El Pleno del Congreso de los Diputados dará luz verde este jueves a dos proyectos de ley polémicos al suponer un trastorno para el ciudadano. En primer lugar, se aprobará el proyecto de ley de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y la eficiencia energética de los edificios, que plantea el desahucio en un plazo "no superior a 15 días y sin ulteriores trámites" en el caso de que los inquilinos no cumplan con el plazo acordado para el desalojo voluntario tras la sentencia judicial pertinente.
No obstante, no se establece ningún plazo máximo para el desalojo voluntario, que puede prolongarse incluso a un año, desde un plazo mínimo de 15 días. Además, si con anterioridad de la fecha fijada para el lanzamiento se entrega la cantidad debida al demandante, se dictará auto declarando ejecutada la sentencia, a no ser que el demandante decida lo contrario.
La norma admite además que todas las acciones, tanto de desahucio como de reclamación de rentas, se tramiten en juicio verbal, un procedimiento más rápido y sencillo, que permitirá al Tribunal dictar sentencia en cinco días en los casos de desahucio de la finca urbana.
Ley de Arrendamientos Urbanos
Además, se modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) extendiendo los supuestos en los que no procede la prórroga obligatoria del contrato de alquiler, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde la firma. Así, además de los casos en los que el arrendador necesite la vivienda para los padres e hijos, también se contempla a los ex cónyuges como "familiares directos".
Si antes de tres meses no se produjera esta ocupación, el arrendador estará obligado a reponer al arrendatario el uso de la vivienda, e indemnizarle por los gastos del desalojo. Al tiempo, en garantía de la seguridad jurídica, se prevé que tal circunstancia deberá hacerse constar expresamente en el contrato de arrendamiento inicial.
Recargos al pago de tarjeta
Por otra parte, el Gobierno se reserva la facultad de establecer "límites" al recargo por parte de los comerciantes sobre las operaciones abonadas con tarjetas de crédito u otros medios, atendiendo a la necesidad de "fomentar la competencia y promover el uso de instrumentos de pago eficaces", según consta en el articulado de la Ley de Servicios de Pago que aprobará también definitivamente el Congreso de los Diputados.
Para ello, el Ejecutivo "hará partícipe" tanto a comerciantes como a entidades financieras y consumidores de la decisión que tome para garantizar "un equilibrio que de la otra forma podría desestabilizarse", tal y como confirmó el senador socialista Antonio Hurtado durante el debate en el Senado de la iniciativa.
Aunque la ley sólo señala que el importe de este recargo "no podrá superar los gastos diferenciales en que efectivamente incurra el beneficiario por la aceptación de tales instrumentos", entre los consumidores surgió el temor de que esta medida abra la puerta a un aumento de los precios que puede rondar, según algunos cálculos, hasta el 1 por ciento en función de las comisiones de las tarjetas de pago.
Móviles desactivados en 10 días
Por otra parte, el Ministerio del Interior ha recordado que los teléfonos móviles que funcionan con tarjetas prepago serán desconectados en el plazo de 10 días si sus titulares no dan antes sus datos personales ante su operadora.
Interior destaca que el 9 de noviembre termina el plazo dado para identificarse, lo que supone que los usuarios de tarjetas prepago que no hayan sido identificados entonces perderán sus números.
Para ello, los particulares tendrán que acreditar su identidad con el DNI, pasaporte o tarjeta de identidad de extranjero; las empresas, deberán aportar la tarjeta de identificación fiscal. El plazo termina el 8 de noviembre de 2009 (incluído), lo que implica que partir de esa fecha los operadores tendrán que anular o desactivar las tarjetas no identificadas, y el usuario perderá la línea y el número del móvil.