El PSOE se quedó finalmente solo en el Congreso en la defensa de la controvertida disposición 'ley Sinde', que prevé el cierre de webs que faciliten las descargas ilegales en Internet.
El conjunto de la Ley de Economía Sostenible (LES), en la que estaba incluida esta normativa, sí fue aprobada en la Comisión de Economía del Congreso para su remisión al Senado, gracias al apoyo de PSOE y PNV, pero no sucedió lo mismo con la 'disposición Sinde', que sólo obtuvo el respaldo socialista.
El PSOE negoció en balde durante toda la jornada con CiU y PNV para impedir que la medida antipiratería sufriera el revolcón que finalmente se llevó.
Nacionalistas catalanes y vascos se mantuvieron en sus trece y no permitieron que la 'ley Sinde' siguiera su trámite. En el caso de CiU, porque dice que no ha conseguido cerrar con el PSOE un "pacto global" en torno a la LES, según manifestó su ponente Josep Sánchez Llibre, quien, sin embargo, aclaró que su grupo es partidario de un equilibrio entre el respeto a la propiedad intelectual y el uso de las nuevas tecnologías como el que postula la 'ley Sinde'. Con esta declaración de principios, los convergentes dejan abierta la puerta a un posible acercamiento con los socialistas en el próximo debate del Senado.
Pasiones enfrentadas
La ponente del PSOE, Marta Gastón, dijo que su grupo se ha mostrado dispuesto en todo momento al acuerdo en torno a una disposición sobre un tema que suscita "opiniones apasionadamente contradictorias", pero no ha recibido de la oposición una propuesta alternativa viable que concilie el derecho de los creadores a ver protegido su trabajo en la Red con la libertad de los ciudadanos.
Desde el PP, José María Lasalle, señaló que la 'ley Sinde' no puede aprobarse porque no ofrece un "procedimiento garantista" y el PSOE no ha mostrado "ninguna voluntad de negociación".
Para ERC, la 'ley Sinde' es "chapucera" y un "auténtico despropósito", porque buscaba cerrar webs "solo sospechosas" a través de un mecanismo poco eficiente ("no se pueden poner puertas al campo") y de dudosa constitucionalidad. A juicio de Joan Ridao, la norma responde a la presión del "lobby" de la industria cinematográfica estadounidense, tal y como han revelado los cables de Wikileaks.
Ana Oramas, de Coalición Canaria, manifestó que no se puede apoyar una propuesta que "vulnera derechos constitucionales" y no concilia libertad de expresión y protección de la propiedad intelectual.