Bajo una gran expectación mediática, el consejero de Economía y Finanzas, Antoni Castells, ha llegado acompañado del secretario general de la Consejería, Martí Carnicer, y, fuentes del departamento han asegurado que el consejero está "sereno, tranquilo y con ganas de explicarse".
La juez aceptó a trámite el 10 de junio la querella del fiscal de Urbanismo contra los ex dirigentes del Palau por presuntos delitos continuados de tráfico de influencias y apropiación indebida en relación con la operación urbanística para construir el hotel del Palau, y citó a declarar como testigo al consejero y a varios cargos del Ayuntamiento de Barcelona.
Comparecerá ante el Parlament
Antoni Castells ha anunciado que pedirá comparecer ante el Parlament, después de defender el comportamiento "irreprochable y cristalino" de la Generalitat sobre el hotel del Palau de la Música ante la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Barcelona, donde ha declarado como testigo más de hora y media.
Castells ha explicado que comparecerá "en el lugar y el momento" en el que consideren oportuno la cámara y el presidente del Parlament, a quien se lo comunicará esta tarde. "No lo he hecho antes porque no era el momento", ha dicho.
En declaraciones a los medios tras declarar ante la juez, ha asegurado que "han quedado meridianamente claras las cuestiones fundamentales y concretas" por las que le han preguntado, y ha recordado que la Generalitat siempre ha actuado "pensando en el interés público".
El pasado jueves, tras la declaración de Millet y Montull, la juez dictó un auto, que llevó a la cárcel de Brians 2 a los imputados, en el que no se hacía referencia alguna al consejero, aunque sí a los convenios.
Con todo, la aparición en el escrito fiscal de Castells ha llevado a la juez a pedir la testificación del consejero para que aclare los trámites y convenios en los que aparece su firma, que posibilitaban el proyecto.
Según el escrito del fiscal, Millet y Montull hicieron valer "de manera especial e intensa, la posición que sus cargos les otorgaban", así como su posición dentro de la sociedad civil y política catalana, para llegar a los altos responsables del Gobierno y conseguir modificar el Plan General Metropolitano que permitiera la permuta de la calificación entre los terrenos necesaria para construir el hotel.
Convenio
Según la querella, contactaron con Antoni Castells que, en marzo de 2006, firmó un convenio administrativo entre la Consejería y la Fundación, en el que se aceptaba una permuta de calificaciones a través de la que los terrenos anexos al Palau adquirían la condición de uso residencial, mientras que una finca propiedad de la Generalitat situada en las calles Ciutat-Ferran pasaba a calificación de equipamiento.
En dicho convenio se establecía que la Generalitat debería ser compensada, además, por la pérdida de valor que sufriría su patrimonio a causa de la futura modificación.
Según la Fiscalía, antes de la firma del convenio no se realizó el informe jurídico previo y preceptivo por la Asesoría Jurídica de la Consejería para valorar la utilidad de la operación de transferencia de calificaciones. Tampoco consta que se realizara algún informe técnico de la Consejería en el que se hiciera referencia a la valoración de la posible pérdida patrimonial que implicaba la permuta.
Además, dejaba a cargo de la entidad el establecer la cuantificación de la compensación que recibiría la Generalitat por la permuta. Tras la presentación de la querella, Castells ha segurado que el convenio entre el Palau de la Música y su conselleria se hizo "con todas las garantías y por descontado, sin ningún trato de favor hacia nadie".