La Comisión de Estudios e Informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado, por tres votos a favor y dos en contra, el dictamen que considera constitucional el anteproyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado por el Gobierno.
Pero lo hace recomendado que los padres sean informados cuando sus hijas menores de edad soliciten abortar, aunque no sea necesario su consentimiento. En este sentido, reconoce el derecho a decidir de la mujer que es suficientemente madura, pero con la orientación de los padres o tutores. Aunque, en cualquier caso la menor no necesita el consentimiento paterno si tiene la suficiente capacidad intelectual y emocional para comprender el alcance de la intervención y sus consecuencias, sea mayor o menor de 16 años.
En el caso, que los padres o tuytores se opongan a la intervención, se ha considerado crear un modelo de procedimiento judicial con la finalidad de autorizar el IVE "siempre que así lo aconseje el interés de la menor".
Todavía no es definitivo
El informe, preceptivo pero no vinculante, ha sufrido algunas modificaciones de 'carácter técnico' respecto al original, presentado por Margarita Uría. Aún así podría volver a sufrir algún cambio o incluso ser rechazado ya que volverá a ser debatido el próximo 23 de julio en el pleno del CGPJ.
Pero por el momento, ha recibido el apoyo de Uría y de dos vocales progresistas, José Manuel Gómez Benítez y Margarita Robles, frente al voto en contra de los vocales designados a propuesta del PP Concepción Espejel y Claro José Fernández. Éstos últimos ya habían manifestado su disconformidad porque consideraban que había diferentes aspectos de la ley que presentan problemas de encaje constitucional.