Besson asegura que Francia seguirá adelante con las expulsiones de inmigrantes irregulares

CNN+/Cuatro 09/09/2010 18:54

El ministro de Inmigración ha subrayado que "Francia no ha tomado ninguna medida específica contra los gitanos". "Los gitanos no son considerados como tales, sino como ciudadanos del país del cual poseen la nacionalidad. El trato reservado a estas personas no tiene ninguna relación con su pertenencia real o supuesta a la comunidad gitana", ha señalado.

Según Besson, los retornos voluntarios representan el 75 por ciento del número total de personas enviadas a su país de origen desde Francia.

Evacuación de campamentos

El ministro ha sostenido que "Francia es un Estado de Derecho" y que "las medidas de evacuación de terrenos públicos y privados ocupados de forma ilegal constituyen la aplicación de decisiones judiciales". "Francia no puede aceptar que se multipliquen en su territorio las ocupaciones ilícitas de terrenos y que se constituyan verdaderas zona sin ley", ha manifestado.

Besson ha dicho que Francia acepta que sus ciudadanos que se encuentran en otros países de la Unión Europeasin respetar las condiciones de permanencia fijadas por la regulación europea sean reenviados, de manera voluntaria o forzosa, de la misma forma que "los ciudadanos europeos que se encuentren en su territorio sin respetar esas condiciones seguirán siendo reconducidos a sus países de origen de manera voluntaria o forzosa, independientemente de su origen étnico o su nacionalidad".

Condena del Parlamento Europeo

El pleno del Parlamento Europeo ha condenado este jueves con 337 votos a favor, 245 en contra y 51 abstenciones la política de expulsiones de gitanos rumanos y búlgaros lanzada por el Ejecutivo de Nicolas Sarkozy e instó a las autoridades francesas a cesar "inmediatamente" las deportaciones, al tiempo que censuró la pasividad de la Comisión Europea ante este caso.

El texto de condena fue respaldado por socialistas, liberales, Izquierda Unitaria y los Verdes y se impuso a otra propuesta promovida por el Partido Popular Europeo que, con el apoyo de los conservadores británicos, aboga por una mayor integración de la comunidad romaní en la sociedad europea, pero evita mencionar las medidas de Sarkozy.

La resolución aprobada con insiste en el derecho a la libertad de movimiento y residencia de "todos" los ciudadanos de la Unión Europea. Condena "profundamente" las medidas adoptadas "por las autoridades francesas y de otros Estados miembros contra gitanos y nómadas y orientadas a su expulsión" y advierte de que las deportaciones "masivas" están "prohibidas" por la Carta de Derechos Fundamentales -vinculante desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa- y que "violan las leyes y tratados de la UE".

La sede del partido de Sarkozy, registrada por la Policía francesa

La brigada financiera de la Policía francesa llevó a cabo en la tarde del miércoles un registro de la sede del partido del presidente Nicolas Sarkozy, la UMP, en el marco de la investigación que se está llevando a cabo en torno a la presunta estafa fiscal por parte de Lilienne Bettecourt, la mujer más rica del país, y que ha salpicado al ministro de Trabajo, Eric Woerth.

La noticia la había adelantado este jueves la revista 'Paris Match' y ya ha sido confirmada por el secretario general del partido, Xavier Bertrand. El principal objetivo de los agentes que llegaron a la sede parisina de la UMP era en concreto la concesión de la Legión de Honor al gestor de la fortuna de Bettencourt, Patrice de Maistre.

Según 'parismatch.com ', los investigadores estarían buscando el correo con fecha del 12 de marzo de 2007 firmado por Woerth y dirigido a Sarkozy, cuya existencia reconoció el ministro la semana pasada y en el que Woerth, entonces tesorero de la UMP, pedía que se entregara la Legión de Honor a De Maistre.

La Policía está tratando de determinar si la concesión del galardón a De Maistre fue una compensación al hecho de que éste hubiera contratado a la mujer de Woeth o a los donativos financieros que Bettencourt dio a la campaña presidencial de Sarkozy. Esta es la primera vez que el partido gobernante es objeto directo del procedimiento abierto la pasada primavera.