El ministro de Inmigración ha subrayado que "Francia no ha tomado ninguna medida específica contra los gitanos". "Los gitanos no son considerados como tales, sino como ciudadanos del país del cual poseen la nacionalidad. El trato reservado a estas personas no tiene ninguna relación con su pertenencia real o supuesta a la comunidad gitana", ha señalado.
Según Besson, los retornos voluntarios representan el 75 por ciento del número total de personas enviadas a su país de origen desde Francia.
Evacuación de campamentos
El ministro ha sostenido que "Francia es un Estado de Derecho" y que "las medidas de evacuación de terrenos públicos y privados ocupados de forma ilegal constituyen la aplicación de decisiones judiciales". "Francia no puede aceptar que se multipliquen en su territorio las ocupaciones ilícitas de terrenos y que se constituyan verdaderas zona sin ley", ha manifestado.
Besson ha dicho que Francia acepta que sus ciudadanos que se encuentran en otros países de la Unión Europeasin respetar las condiciones de permanencia fijadas por la regulación europea sean reenviados, de manera voluntaria o forzosa, de la misma forma que "los ciudadanos europeos que se encuentren en su territorio sin respetar esas condiciones seguirán siendo reconducidos a sus países de origen de manera voluntaria o forzosa, independientemente de su origen étnico o su nacionalidad".
Condena del Parlamento Europeo
El pleno del Parlamento Europeo ha condenado este jueves con 337 votos a favor, 245 en contra y 51 abstenciones la política de expulsiones de gitanos rumanos y búlgaros lanzada por el Ejecutivo de Nicolas Sarkozy e instó a las autoridades francesas a cesar "inmediatamente" las deportaciones, al tiempo que censuró la pasividad de la Comisión Europea ante este caso.
El texto de condena fue respaldado por socialistas, liberales, Izquierda Unitaria y los Verdes y se impuso a otra propuesta promovida por el Partido Popular Europeo que, con el apoyo de los conservadores británicos, aboga por una mayor integración de la comunidad romaní en la sociedad europea, pero evita mencionar las medidas de Sarkozy.
La resolución aprobada con insiste en el derecho a la libertad de movimiento y residencia de "todos" los ciudadanos de la Unión Europea. Condena "profundamente" las medidas adoptadas "por las autoridades francesas y de otros Estados miembros contra gitanos y nómadas y orientadas a su expulsión" y advierte de que las deportaciones "masivas" están "prohibidas" por la Carta de Derechos Fundamentales -vinculante desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa- y que "violan las leyes y tratados de la UE".