La organización Amnistía Internacional (AI) ha denunciado que "el derecho a la justicia y a la reparación" de las víctimas sigue siendo una "asignatura pendiente en España" por la falta de avances en la investigación de los casos de desapariciones forzadas que se produjeron durante la Guerra Civil y los primeros años del franquismo.
El director de AI en España, Esteban Beltrán, aseguró, durante la presentación del Informe 2010 de la organización sobre el estado de los Derechos Humanos en el mundo, que durante el año pasado España "perdió liderazgo mundial en el ámbito de los Derechos Humanos" debido a que "no se ha avanzado prácticamente nada" en el tema de las fosas comunes y a la limitación del principio de justicia universal.
A su juicio, "para pasar página, primero hay que leerla". Beltrán recordó que el pasado mes de septiembre España ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y, sin embargo, la desaparición forzada todavía no figuraba como delito en la legislación española.
En diciembre de 2008, la Audiencia Nacional resolvió que no era competente para investigar casos de desaparición forzada de la época de la Guerra Civil y los años posteriores, así que remitió los 114.266 presuntos casos de desaparición forzada a los 43 juzgados de instrucción de las localidades donde se habían encontrado las fosas comunes.
Posteriormente, trece juzgados clasificaron los casos como delitos comunes y archivaron las investigaciones con el argumento de que éstos habían prescrito. Sólo tres juzgados locales clasificaron los casos como delitos de Derecho Internacional, que nunca prescriben.
Incumplimiento de las normas internacionales
El 11 de marzo, el Senado rechazó un anteproyecto de ley por el que se pedía al Gobierno que asumiera la tarea de localizar, exhumar e identificar los restos mortales de las víctimas de la Guerra Civil y el régimen de Franco.
Amnistía señaló que "esta decisión entraba en conflicto con la Ley de Memoria Histórica de 2007, que contenía disposiciones para ayudar a los familiares a localizar y recuperar los restos de sus seres queridos".
Además, añadió, la propia ley de 2007 "distaba de cumplir las normas internacionales relativas al derecho de reparación para las víctimas y los familiares de las víctimas de violaciones graves de Derechos Humanos".
La justicia universal, limitada
Otro hecho que critica Amnistía en su informe es la limitación de la jurisdicción universal, que fue aprobada el pasado octubre por el Parlamento y que implicaba que se podrían archivar trece casos que se estaban investigando en España.
La reforma que se hizo en octubre circunscribe la aplicación de la jurisdicción universal a los casos en que las víctimas fueran españolas o tuvieran "algún vínculo de conexión relevante" con España y en los que el presunto perpetrador estuviera en España y siempre que no se hubiera iniciado una investigación o una persecución efectiva en otro país o ante un tribunal internacional.
El racismo continúa
Uno de los problemas que identifica AI en la parte de su informe que hace referencia a España es la falta de aplicación de una estrategia integral para combatir el racismo a nivel nacional y el hecho de que sea uno de los cuatro únicos países de la UE que no tienen un órgano nacional que publique datos estadísticos sobre denuncias de racismo.
En cuanto a los derechos de las personas inmigrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, AI cita informes de ONG de toda España que el año pasado registraron un incremento de los controles policiales de identidad por motivos raciales.
Además, la organización de Derechos Humanos destacó que España sigue teniendo una de las tasas de reconocimiento del derecho de asilo más bajas de la UE. La reforma de la Ley de Asilo, aprobada en octubre, contiene algunos puntos negativos, según AI, pero también modificaciones positivas, como que se pueda conceder asilo a personas perseguidas por motivos de género u orientación sexual. Criticó igualmente que se haya elevado de 40 a 60 días el periodo máximo de detención para los inmigrantes indocumentados.
Más denuncias por torturas
AI concluye en su estudio que en 2009 continuaron las denuncias por tortura y otros malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (230, según la Fiscalía General del Estado), pero añade que, por ejemplo, en las comisarías de los Mossos d'Esquadra donde se han instalado cámaras de vigilancia, este tipo de denuncias son mucho menos numerosas.
Asimismo, la organización señaló que el régimen de incomunicación que se aplica a personas sospechosas de delitos relacionados con el terrorismo implica que éstas tienen "gravemente restringido" el acceso a un abogado y corren mayor riesgo de sufrir tortura y otros malos tratos.
El informe menciona además las violaciones de los Derechos Humanos que suponen los atentados cometidos por la banda terrorista ETA, la muerte de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas y la insuficiente respuesta institucional a otras formas de violencia de género como la trata de mujeres para su explotación sexual.
Por último, alerta sobre el trato que reciben algunos niños y niñas en centros de protección de menores donde el personal les somete a un uso excesivo de la fuerza, medicación forzada, abusos psicológicos y físicos y abandono.
Un buen año a nivel internacional
No obstante, a nivel global, el texto destaca que 2009 fue un año histórico para la justicia internacional, por ejemplo la orden de detención dictada por el TPI, por primera vez, contra un jefe de Estado en activo, el presidente de Sudán, Omar Hassan al Bashir, por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Pero denuncia que Guantánamo sigue abierto y nadie ha respondido por las violaciones de los derechos humanos cometidas allí, o el caso de Irán, donde nadie se ha sentado en el banquillo por la veintena de muertos en las protestas tras las elecciones de junio.
Además, el informe recuerda que 58 países mantienen la pena de muerte, y que en 38 hay presos de conciencia.