La noticia salta en Cataluña
La Generalitat catalana se ha convertido en la primera comunidad autónoma española que reconocerá la gestación subrogada mediante la aceptación de los permisos de maternidad y paternidad, siempre que se lleve a cabo en países donde estas prácticas están legalizadas. El anuncio, que se hace desde el gobierno catalán mediante una instrucción a todas sus áreas y departamentos, sienta las bases a raíz de las primeras sentencias del Tribunal Supremo que reconocen este derecho a trabajadores que habían reclamado la baja por maternidad a la justicia.
Una decisión cargada de significados
"La noticia tiene un valor tremendo, es el haber tomado el camino que había marcado el Tribunal Supremo de reconocimiento de los derechos del niño y de los padres, y es una forma de marcar que todas las familias españolas somos iguales y todas tenemos que tener los mismos derechos, y ha ido un paso más allá, porque está aplicando esos derechos en el día a día de sus funcionarios". Así de exultante se muestra ante la noticia Pedro Fuentes, que espera que este "paso decisivo" se llegue a imitar en otras comunidades autónomas.
"El interés en cuidar al menor es el que el Tribunal Supremo valora para conceder la prestación de la baja por maternidad, porque todos los niños tienen el mismo derecho de ser cuidados por sus padres", remarca el presidente de la Asociación Son Nuestros Hijos. Y es que, punto importante, el Supremo remarca que la baja de maternidad responde al derecho del recién nacido de que sea cuidado y protegido por sus padres, y no de los padres de estar con su bebé.
Una cuestión también política
La consejera catalana de Gobernación, Meritxell Borràs, reconocía a los micrófonos de Rac1 que querían dar seguridad a padres y madres con esta decisión, y apuntaba además a que una hipotética Cataluña independiente pueda legalizar la gestación subrogada. "Cataluña tiene clarísimo que no puede haber dos categorías de personas, unas con más derechos reproductivos y otras con menos", explica Fuentes.
Pedro Fuentes, a raíz de esto, llama a la acción. "Lo que Cataluña ha hecho obliga al resto de comunidades autónomas a posicionarse. Hay que sentarse y que buscar el modo de regular en España con ética, con justicia y con dignidad la gestación por sustitución". Alberto Núñez Feijoo, Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre han sido tres de los políticos que últimamente han hablado claramente del tema.
Prejuicios e ignorancias, sus peores enemigos
A la gestación subrogada se le llama equivocadamente 'vientre de alquiler', que tiñe de negocio o cosificación este método de reproducción asistida. Según reconocen las asociaciones y organizaciones pro maternidad por sustitución, queda mucho trabajo que hacer para que se entienda que hablamos de la decisión altruista de donar, de ayudar, y no de un contrato de alquiler. Así, el dinero que puede haber de por medio se entiende sólo y únicamente como compensación de los gastos que genera la gestación y de los riesgos y molestias a los que se somete la gestante.
"Yo puedo elegir ser madre para mí, o elegir dar a luz tener un hijo para otra persona. Esto es algo que la mujer debe poder elegir si quiere, que las familias que lo necesitamos podemos pedir y la sociedad debe crear el marco idóneo para que estas situaciones sean respetuosas y éticas", remarca Fuentes.
La próxima meta: que se legalice en España
Reconocida en primer lugar en Reino Unido en 1.985 y en último en Portugal en 2016, las asociaciones de gestación subrogada luchan para que se reconozca legalmente en España. La meta es "no tener que irnos fuera para formar nuestra familia, y que estos niños españoles puedan nacer con la legislación y la sanidad española", cuenta Fuentes.
"Se nos obliga a emigrar y hacer un circuito legal para ser padres, pero lo conseguimos. Esta situación es un contrasentido, una esquizofrenia", critica Fuentes. No obstante, con las cuatro sentencias del Tribunal Supremo que equiparan a los padres por subrogación con el resto y con la iniciativa de Cataluña para reconocer derechos a los mismos, desde la asociación esperan que esta "realidad social" sea reconocida en el marco legal y administrativo que le corresponde más pronto que tarde.