Cientos de alcaldes de pueblos de toda España denuncian estar siendo expoliados por la Iglesia por culpa de las llamadas inmatriculaciones. Según la ley hipotecaria de 1998, aprobada por el gobierno de Aznar, la Iglesia Católica tiene la potestad de registrar bienes sin escriturar sin tener que hacerlo público. En España han sido miles de pueblos los que han denunciado esta práctica por la que perdieron propiedades que creían suyas, algunas eran lugares de culto como ermitas o iglesias pero había otras más variopintas como garajes, casas e incluso huertos.