Divorciarse, reclamar el cumplimiento de un contrato, pleitear un despido, denunciar una negligencia médica… La justicia es, desde el 21 de noviembre, mucho más cara. Han entrado en vigor la ley de tasas judiciales. Todo aquel que inicie un trámite en procedimientos civiles o administrativos tendrá que pagar una tasa. Diario de analiza en profundidad lo que va a suponer esta tasa para los ciudadanos y demuestra que todos los sectores de la administración de justicia están en contra de esta ley. Los primeros días desde la entrada en vigor ha supuesto un caos y su aplicación está siendo impracticable. El Ministro Ruiz Gallardón ha conseguido unanimidad en contra e incluso algunos miembros de su partido han pedido una revisión de la ley.