El vicepresidente del Tribunal Superior de Sudáfrica, el juez Phineas Mojapelo, ha subrayado que el presidente del país, Jacob Zuma, y los ministros de Justicia y de Relaciones Internacionales deben ahora revocar la decisión de iniciar el proceso de retirada del TPI.
Durante el proceso judicial en diciembre, el juez trasladó a Jeremy Gauntlett, el abogado defensor del Gobierno, que el Ejecutivo debería haber consultado esa decisión de retirada de la corte internacional con el Parlamento antes de aprobarla.
El magistrado rebatió entonces el argumento del Gobierno, que sostenía que corresponde al Ejecutivo revocar los tratados y que el Parlamento solo tiene que dar su aprobación a esas decisiones. "Se espera que el Ejecutivo vuelva al Parlamento. Tenemos derechos, tenemos obligaciones y tenemos un Parlamento", afirmó entonces el juez, que dejó claro que las decisiones del Gobierno deben basarse en "la autoridad que le da la Constitución".
En octubre de 2016, el ministro de Justicia, Michael Masutha, anunció a la prensa que Sudáfrica había iniciado el procedimiento para revocar su ratificación del Estatuto de Roma --que ampara al TPI-- mediante una notificación a Naciones Unidas de sus planes.
La decisión del Gobierno sudafricano llegó después de varios fallos judiciales contra el Ejecutivo por no haber arrestado al presidente de Sudán, Omar Hasán al Bashir, durante su estancia en el país con motivo de la celebración de una cumbre de la Unión Africana.
El TPI mantiene órdenes de detención contra Al Bashir por cargos de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio.