El presidente filipino ordenó el 11 de octubre a la Policía Nacional que paralizara todas las operaciones relacionadas con la guerra contra la droga, dejando esta misión a la Agencia Antidroga ante el aumento de críticas a nivel internacional por las miles de muertes que ha dejado tras de sí la campaña desde la llegada del mandatario al Palacio de Malacañang.
Duterte ya suspendió las operaciones a finales de enero, con el objetivo de "limpiar la imagen del cuerpo policial" por estar "corrupto hasta el corazón". No obstante, el mandatario retiró la prohibición cinco semanas después, alegando que las drogas estaban volviendo a "inundar las calles". La semana pasada, Roque adelantó que existía una "alta probabilidad" de que Duterte devolviera las operaciones a la Policía Nacional. "A la Agencia Antidroga se le ha dado suficiente tiempo", declaró.
Según ha informado el diario local 'Manila Times', Duterte ha dado la orden a la Policía Nacional para que brinde "apoyo activo" a la Agencia Antidroga, que según ha explicado Roque, "sigue siendo el organismo líder" de la campaña.
"Esto reemplaza la orden anterior que designaba a la PDEA como única agencia que se ocupa de la guerra contra las drogas", ha dicho Roque. "Hay que tener en cuenta que la orden dice que la actividad se reanudará", ha declarado Roque antes de insistir "cito, se reanudará, proporcionando apoyo activo a la Agencia Antidrogas de Filipinas en las operaciones contra las drogas ilegales".
"La PDEA sigue siendo la líder, pero el PNP volverá a participar en las operaciones", ha explicado Roque
Duterte llegó al poder el 30 de junio de 2016 y prometió poner fin al tráfico y consumo de estupefacientes. Según funcionarios del Gobierno, gracias a su campaña contra las drogas, la delincuencia ha caído y las generaciones futuras están a salvo.
Sin embargo, numerosas organizaciones de la sociedad civil internacional, incluyendo activistas por los Derechos Humanos, abogados y la propia Iglesia Católica, han cuestionado la versión del Gobierno y han denunciado que la Policía ha ejecutado a miles de sospechosos de drogas con total impunidad. Para ellos, el número de víctimas está muy por encima de los 5.000 que la Policía ha identificado como muertes relacionadas con drogas.
La Policía, por su parte, ha negado las acusaciones de la comunidad internacional y ha destacado la cifra de 117.000 personas arrestadas como prueba de que su objetivo es salvar vidas, al tiempo que ha negado que sus agentes estén vinculados con 2.000 muertes no aclaradas de supuestos consumidores de drogas.
Por su parte, el subdirector de la organización Human Rights Watch en Asia, Phelim Kine, ha declarado que hay que "prepararse para más derramamiento de sangre" y ha hecho un llamamiento para que se lleve a cabo una investigación internacional dirigida por Naciones Unidas. "Hasta que eso suceda la cantidad de víctimas a las que se les niega la justicia probablemente continúe creciendo", ha alertado Kine.