Esta afirmación es la respuesta de la organización al fiscal general filipino, José Calida, quien en rueda de prensa aseguró que Amnistía Internacional está tratando de desacreditar al Gobierno. "Bien, pues investiguen quién los financia y hallaréis su agenda", denunció.
En un correo electrónico al diario 'Phil Star', la organización ha defendido que la mayor parte de su financiación procede de "donaciones personales y no afiliadas". Según su página web, el 72 por ciento de sus fondos en 2015 procedían de donantes individuales.
Así, han señalado que este tipo de donaciones permiten que la organización "mantenga una completa independencia de cualquier Gobierno e ideología política, así como de intereses económicos o religiosos".
"A través de la financiación ética de las donaciones individuales, somos capaces de mantenernos firmes e inquebrantables en nuestra defensa de los Derechos Humanos indivisibles y universales", ha señalado el grupo.
AI ha sido uno de los grupos más críticos con las violaciones de Derechos Humanos en Filipinas recientemente, durante la campaña contra la delincuencia del actual presidente, pero ya lo fue en el pasado por las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo durante las Presidencias de Gloria Macapagal-Arroyo y Benigno Aquino.
En febrero, AI publicó su informe sobre la 'Oplan Tokhang' --'guerra contra las drogas'-- en la que informaba de un "patrón de inacción e impunidad policial, a menudo presentando obstáculos insalvables a los denunciantes que buscan que se tomen acciones legales y dificultando a los defensores de los Derechos Humanos".
En su informe global, publicado también en febrero, el grupo nombra a Duterte junto a otros tres líderes mundiales --el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el primer ministro de Hungría, Viktor Orban y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan-- como los mandatarios con una "agenda tóxica" que "persiguen y deshumanizan a grupos enteros de personas".
En este mismo informe, Filipinas se encuentran entre los cinco países que AI considera que tienen "graves" problemas de abusos de los Derechos Humanos, a lo que el Palacio Presidencial respondió asegurando que el informe no refleja el sentimiento de los filipinos, recordando una encuesta reciente que muestra que el 80 por ciento de los ciudadanos del país está "satisfecho" con la 'campaña contra las drogas' de Duterte.