La Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos tiene unos calabozos con 20 unidades, la mayoría de ellos individuales, a excepción de dos, que son dobles.
Se trata de celdas que son totalmente blancas, de seis metros cuadrados, sin ventanas, y sin esquinas ni picos ni elementos que permitan que el detenido pueda proceder a autolesionarse. Además, cuenta con una cama simple, con colchón y mantas si lo pide el recluso y las aperturas y los cierres son automáticos.
Como es habitual en estos casos, se le ha desprovisto de reloj, móvil y cordones por seguridad en la celda, donde, como consecuencia de la falta de ventanas, no hay luz natural. Además, según apuntan fuentes próximas a la investigación, se reparte a los detenidos en estas instalaciones un desayuno "frugal".
Por otro lado, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha tomado declaración esta tarde al exgerente del Canal de Isabel II Adrián Martín y a la exdirectora financiera de la misma entidad María Fernanda Richmond, ambos detenidos en el marco de la 'operación Lezo'.
El magistrado ha decretado esta noche el ingreso en prisión provisional eludible bajo el pago de una fianza de 4 millones de euros para Richmond y de 100.000 euros para Adrián Martín, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la empresa pública de gestión del agua.
Martín y Richmond han sido los primeros arrestados en la investigación que dirige Velasco en declarar en la Audiencia Nacional por las presuntas irregularidades detectadas en el Canal de Isabel II en la etapa en la que la entidad estuvo dirigida por el expresidente madrileño Ignacio González.
El propio González y las otras cinco personas que continúan detenidas en España -ya que otros dos supuestos implicados están arrestados en Latinoamérica-- prestarán declaración mañana, viernes, ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6.
En el marco de la misma investigación, el magistrado ya ha tomado declaración esta mañana a dos investigados, el presidente y el director de 'La Razón', Mauricio Casals y Francisco Marhuenda, respectivamente, por presuntas coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para que no denunciara las irregularidades detectadas en el Canal de Isabel II.