Así lo ha dado a conocer este viernes 17 de marzo el organismo estatal, que ha precisado, no obstante, que la incoación del citado expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. De este modo, se abre ahora un periodo máximo de seis meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC. Las empresas disponen de un plazo de quince días para presentar alegaciones.
En este sentido, la Comisión ha recordado que la Ley General de la Comunicación Audiovisual obliga a los prestadores del servicio de comunicación audiovisual o a los operadores de telecomunicaciones que también difundan canales de televisión, a destinar el 5% de sus ingresos de explotación a financiar obras audiovisuales europeas: películas para el cine y la televisión, series, documentales y películas y series de animación. En el caso de que la empresa sea de titularidad pública, este porcentaje aumenta hasta el 6%.
Por último, ha apuntado que el 60% de la financiación debe destinarse a la producción de películas de cine y, a su vez, el 60% de dicho porcentaje a obras en alguna de las lenguas cooficiales de España.