Las protestas del campo por toda Europa han logrado ya algunos de sus objetivos. La Unión Europea ha suavizado las imposiciones a fertilizantes y pesticidas, lo cual ha supuesto sobrepasar una línea roja para los ecologistas. El Reglamento de Uso Sostenible de los Pesticidas (SUR) pretendía reducir el uso de los plaguicidas en un 50% para 2030. España es el país de la Unión Europea donde más plaguicidas (químicos) se venden, 76.000 toneladas.
Helena Moreno, la portavoz de Greenpeace Agricultura, comenta que estos sirven para el control de las plagas, ya sean hierbas, insectos u hongos. Todos estos productos son tóxicos para el medio ambiente y para las personas. Las sustancias penetran en el suelo y llegan a las aguas subterráneas, de manera que al final llegan a nuestros alimentos. En la Unión Europea están autorizados unos 450, de los cuales muchos a pesar de estar autorizados son nocivos para la salud.
Helena Moreno destaca que recientes estudios han vinculado enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Párkinson o el TDH. En Francia ya se considera el Párkinson como una enfermedad profesional vinculada a los agricultores. Los pesticidas se cargan la biodiversidad, matan a insectos que realmente son beneficiosos para la agricultura como los polinizadores. El 75% de lo que consumimos depende de estos insectos polinizadores.
Debido a todo lo expuesto, la Unión Europea quería reducir su uso en un 50% hasta que las protestas del campo paralizaron la agricultura. Muchos de los pesticidas que están prohibidos en la Unión Europea terminan llegando a nuestras casas debido a la importación de productos de otros países que tienen menos exigencia medioambiental. Los ecologistas avisan de que la solución no es reducir aquí las normas, sino ser más estrictos con los productos extranjeros.
Desde el principio el SUR fue muy controvertido, ya que los estados miembros no se ponían de acuerdo. El año pasado fue rechazado en el Parlamento Europeo con 299 votos a favor, 207 en contra y 121 abstenciones. Este reglamento quería prohibir el uso de plaguicidas en zonas sensibles, como en las áreas natura 2000 o en espacios verdes urbanos y pretendía que fuesen sustituidos por alternativas de bajo riesgo.