Indican además, que deben usar el término “acoso”, “amenaza” o “coacción” que sí podrían ser motivo de acusación de delito. El SUP critica la orden de considerarlos como un delito así como la criminalización de los activistas. El Ministerio aconseja que primero denuncie "el acosado" y luego se sumen los atestados policiales.