Durante su defensa del proyecto de ley de modificación del Código Penal en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social ante el Pleno del Congreso, Gallardón ha indicado que siete de cada diez denuncias acaban en condena, lo que arroja un total de unas mil condenas cada año.
Sin embargo, más de 6.000 millones de euros estafados a la Hacienda pública están pendientes de cobro, en parte porque las liquidaciones administrativas no se efectúan hasta que concluye el proceso penal, lo que "causa un gran perjuicio para las arcas públicas".
Las leyes son "insuficientes"
Dado que "el mundo ha cambiado y, con él los artificios de engaño", las leyes se han demostrado "insuficientes" para "afrontar el desafío de la delincuencia fiscal", que es "más complicado de perseguir y desenmascarar". Por eso, los ministerios de Justicia, Empleo y Hacienda han desarrollado este proyecto de ley, que "trata de dar una doble respuesta que actúe tanto en el cobro como en el reproche penal" a los defraudadores.
"Pocas normas tienen tanta importancia y repercusión en la vida ciudadana como ésta. Es la respuesta, largamente demorada, a una necesidad estructural de defensa de lo público desde el punto de vista del ciudadano honrado que, con su esfuerzo, contribuye con el mantenimiento de unos servicios", ha defendido el ministro, recordando que de depende la "credibilidad" y la "competitividad" del país.
A renglón seguido, ha hecho un breve repaso recordando las novedades del proyecto, cuyo objetivo último es "hacer más difícil el fraude, endurecer el reproche penal que merece este tipo de conductas, dar efectividad a los mecanismos de cobro, impedir que un ciudadano pueda engañar a otro ciudadano y asegurar que tenemos los instrumentos precisos para hacer efectiva la solidaridad en el sostenimiento de los gastos públicos".
Por intereses políticos
Por todo ello, Gallardón ha reclamado a los grupos parlamentarios --y particularmente a la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y PSOE, que han presentado enmiendas de totalidad contra el texto-- que no caigan en la "paradoja" de votar contra un proyecto aun "compartiendo parcialmente" sus objetivos, sólo porque "recelan que haya sido un gobierno de centro reformista el que vaya a perseguir de verdad la delincuencia de guante blanco".
"Mal cumpliríamos nuestra obligación con los ciudadanos si, dejándonos llevar por intereses de siglas, diéramos la espalada a una iniciativa pionera, valiente, de auténtica vanguardia jurídica y política, y que supone defender a la Administración, recordando que eso no significa defender a quienes, de forma temporal o permanente, ejercemos nuestra responsabilidad, sino defender a los contribuyentes, a lo público", ha dicho.
Por último, ha recordado que la mayor parte de los ciudadanos consideran que en España hay "mucho o bastante fraude", y ha instado a los diputados a hacer de este martes "un día de malas noticias para todos los que creen que es posible vivir a costa de una mayoría social, la que se esfuerza, la que tributa y cumple la ley escrupulosamente, y que hasta ahora se sentía indefensa ante los abusos de los defraudadores".
"El Gobierno hoy propone una respuesta. Espero que coincidan con la de quienes en esta Cámara, desde hace muchos años, han hecho un discurso no muy distinto al nuestro y a quienes hoy no debe frenar su apoyo por que haya sido un Gobierno del PP quien lo ha propuesto", ha concluido.