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El PSOE pide a Sanidad sus informes sobre trata de mujeres para incluirlos en el pacto contra la violencia de género

El PSOE ha pedido este lunes, a través de una carta remitida a la presidenta de la Comisión de Igualdad, la diputada socialista Pilar Cancela, que se realicen los trámites necesarios para solicitar al Ministerio de Sanidad que sus informes de seguimiento de periodicidad anual del Plan Integral de Lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual (2015-2018) se remitan a la Subcomisión para el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
En la misiva, firmada por la portavoz socialista de Igualdad en el Congreso, Ángeles Álvarez, también se solicita que se remita una copia de la evaluación de la Estrategia Nacional para la erradicación de la violencia contra la mujer (2013-2016).
Álvarez ha indicado que ambos documentos son "una información de especial relevancia para un buen desarrollo de los trabajos que llevarán a la elaboración del documento final que dicha subcomisión tiene encomendado".
"La Subcomisión para el Pacto de Estado en materia de violencia de género tiene encomendado la elaboración del documento que será la base de los acuerdos para un pacto social, político e institucional contra la violencia de género en todas sus formas. Esta circunstancia hace que sea imprescindible acceder a los resultados de evaluación de las estrategias y planes implementados a lo largo de los últimos años", alega la diputada en la carta.
UN INFORME EN 6 MESES
Concretamente, esta subcomisión deberá presentar al Gobierno un informe sobre la situación de la violencia de género en España, tal y como se estableció en su creación. Para este proyecto, los miembros del órgano tienen un plazo de cuatro meses, que termina el próximo 15 de mayo.
Los trabajos de esta subcomisión se iniciaron el pasado 15 de febrero y, en este tiempo, la subcomisión ha convocado a casi un centenar de expertos en esta materia, con el objetivo de elaborar el informe. Cuando lo complete, éste deberá ser remitido al Gobierno, que a su vez dispondrá de otros 60 días para responder.