La ONG PROEM-AID pide en la Eurocámara que no se penalice a quienes ayudan y rescatan a refugiados

La ONG PROEM-AID, tres de cuyos bomberos sevillanos fueron tenidos en enero cerca de la isla griega de Lesbos mientras participaban en operaciones de rescate de refugiados, ha reclamado este miércoles ante la Comisión de Peticiones de la Eurocámara que se cambie la normativa europea que permite a los Estados miembros penalizar a quienes como ellos, prestan este tipo de ayuda.

"No nos parece justo estar acusados de lo que estamos por intentar hacer lo que otros no hacen", ha señalado ante la Comisión de Peticiones de la Eurocámara que ha debatido este miércoles la denuncia el cofundador de PROEM-AID, Manuel Blanco, en relación a las acusaciones de inmigración ilegal y tráfico de personas que se les imputaron por acercar a la costa griega a refugiados que intentaban cruzar el Egeo desde Turquía en precarias condiciones.

Blanco ha defendido que realizan una labor "voluntaria y gratuita" para ayudar a las personas pero también "a las administraciones locales". En este sentido, ha defendido que "lo primero" que hicieron al llegar a Grecia fue contactar con las autoridades helenas para ofrecerles ayuda, cosa que según ha dicho, aceptaron "gustosamente". Afirma que estuvieron trabajando con ellos "durante mucho tiempo" pues la crisis sobrepasaba sus "escasos medios".

"He hecho un gran paréntesis en mi vida porque vi imágenes en la televisión que removieron mi alma. Niños que aparecían ahogados", ha dicho, defendiendo que han representado "la mejor cara de Europa" al rescatar a las personas en el mar y darles la "bienvenida" sin preguntar por su nacionalidad.

La abogada de la ONG, Paula Schmid Porras, ha denunciado que "la directiva de facilitación viola el Derecho Internacional" y ha explicado que su "problema" radica en la llamada "cláusula humanitaria que deja la puerta abierta para los Estados miembro para que apliquen legislaciones nacionales que permiten criminalizar a aquellos que asisten a los inmigrantes, incluso si el objetivo del comportamiento es dar asistencia".

"La directiva de facilitación viola el Derecho Internacional. De forma flagrante va en contra y viola el Derecho Internacional Humanitario, la ley internacional del Mar, el Protocolo contra el tráfico humano de las Naciones Unidas y las recomendaciones del plan de acción de la UE contra el tráfico humanitario", ha defendido la letrada.

La representante de Inmigración de la Comisión Europea, Simona Ardovino, ha dejado claro que "la ley de la UE no tiene por objetivo criminalizar la asistencia a los inmigrantes vulnerables en sí" y ha recordado que el plan de acción de la UE contra el tráfico de inmigrantes defiende que "nadie" que "da una asistencia humanitaria genuina" debe ser "castigado" por ello, mientras que la ley internacional del mar "obliga" a los Estados miembros a prestar socorro en caso de naufragio.

Sí ha reconocido que "lo que crea confusión es la naturaleza optativa de la llamada cláusula humanitaria" contenida en el artículo 1 de la directiva, que "afecta sólo a la facilitación de entrada o tránsito ilegal" en la Unión y ha reconocido que la norma "da la posibilidad" a los Estados miembros de eximir de dicha criminalización.

"Esto solo es una opción para los Estados miembro, no es una obligación hasta ahora", ha precisado la funcionaria comunitaria, para concretar que siete Estados miembro, entre ellos España, Grecia, Italia y Malta, han aprobado "una exención explícita a la criminalización en su legislación nacional".

También ha instado a la ONG a remitirle "cualquier información útil y pruebas" sobre las prácticas de criminalización que denuncia y ha aclarado que la Comisión Europea está realizando "una evaluación" de la normativa europea, que prevé adoptarla "en las próximas semanas", sin dar más detalles de posibles cambios que se podrían proponer en la normativa.

Todos los grupos de la Eurocámara han apoyado a la ONG y han respaldado modificar la normativa europea para impedir que las personas que prestan ayuda humanitaria puedan ser penalizadas.

El eurodiputado del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, ha insistido en que es una causa "justa" derivada de "una interpretación distorsionada" de la norma para "traicionar" los valores europeos, mientras que la eurodiputada de IU, Ángela Vallina, ve "absolutamente inadmisible" que cualquier legislación permita enjuiciar a personas que hacen una labor humanitaria. Para la liberal independiente Beatriz Becerra, "lo opcional debe ser obligatorio".

El eurodiputado de ERC, Josep Maria Terricabras, tambien considera "inconcebible" que se criminalice a quienes ayudan "altruistamente". "Esto es un contrasentido. No podemos ser cómplices de esto", ha dicho. También el eurodiputado liberal independiente Enrique Calvet, se ha declarado "indignado" ante la seriedad de los cárgos contra los tres sevillanos, acusados de "tráfico de personas".

La Comisión de Peticiones de la Eurocámara ha acordado mantener abierta la denuncia de la ONG a la espera de conocer la evaluación de las normas de la Comisión Europea.

La presidenta de la comisión europarlamentaria, eurodiputada sueca liberal Cecilia Wikström, ha agradecido la labor de la ONG tras recordar que el Mediterráneo "es hoy un enorme cementerio" en el que han muerto casi 6.500 personas en 2016 según datos de ACNUR y ha admitido que un informe solicitado por la Eurocámara concluyó que existían "inconsistencias y zonas grises" en la normativa.