Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

Incertidumbre, precariedad y "bloqueo institucional" en Educación, así empieza el curso escolar según CSIF

La Central Sindical Independiente y de Funcionacios (CSIF) ha denunciado este lunes que el curso escolar "empieza cojo", marcado por una "incertidumbre absoluta" ante el futuro de la LOMCE, por la precariedad laboral y los recortes, ya que los decretos de austeridad siguen vigentes; y con un "bloqueo institucional" al hilo de la falta de Gobierno. "En el Ministerio de Educación no quieren saber nada y nadie está dispuesto a tomar una decisión", afirman.
Así lo han expuesto en rueda de prensa el presidente del Sector Nacional de Educación en el sindicato, Mario Gutiérrez; y su vicepresidente y responsable de Universidades, Ramón Caballero; para incidir en la "falta de liderazgo" del departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo en un panorama en que las comunidades autónomas trabajan con la LOMCE de manera desigual.
En este sentido, se han referido a la llamada 'reválida' que según la LOMCE y el Real Decreto de desarrollo al respecto, deberán afrontar los alumnos de segundo de Bachillerato al final de este curso para poder acceder a la universidad, aunque hasta 2018 no será imprescindible para titular.
CSIF advierte de que sin ese "liderazgo", cada comunidad autónoma realizará la prueba como considere, por lo que habrá regiones donde será más fácil conseguir buena nota que en otras generando desigualdad entre los estudiantes, aunque en esencia, era una prueba diseñada como evaluación externa y nacional para que todos acabasen con unos mínimos niveles educativos similares. Además, afirma CSIF, "hay comunidades que hacen política con las pruebas".
"Que alguien se siente y se preocupe de verdad por la Educación. Necesitamos un Gobierno y si no lo hay, que todos los partidos se sienten para seguir trabajando", ha señalado Gutiérrez. En su opinión, ahora la referencia es la LOMCE y "no es de recibo que los chicos estén a 15 días de empezar el curso y no sepan qué van a tener que saber para llegar a junio y acceder a la universidad".
Explica que la solución hoy no es derogar la ley, porque "los chavales que entran ahora en segundo de Bachillerato han estudiado ya con la LOMCE y no se puede cambiar a mitad de ciclo" y recuerda que "si existe una prueba nacional, el Ministerio de Educación es el responsable de regularla para que sea lo más homogénea posible en las comunidades autónomas".
"Que se sienten en una comisión parlamentaria (...) Nosotros no estamos de acuerdo con la ley pero ya que está aplicada, hagámoslo de la manera más digerible para todos. La única solución es esta y que todo el mundo deje la educación en paz", ha añadido para reclamar de una vez un pacto que de continuidad a un modelo educativo en España.
En cuanto a la precariedad, el sindicato pone el acento en que un total de 203.000 profesionales del sector educativo, unos 100.000 de ellos interinos, dieron de baja en la seguridad social durante los meses de verano en la que es la cifra más alta de los últimos cinco años, poniendo de manifiesto el nivel de inestabilidad e incertidumbre del sector.
CSIF estima que el 20% del personal docente en los centros educativos es interino, lo que además de la inestabilidad laboral que supone cambiar de puesto y lugar de trabajo cada curso y del "agravio comparativo" que sufren pues los meses de verano no están incluídos en sus contratos, se traduce en una merma de la calidad educativa porque los centros no pueden planificarse.
"Esto implica que en un centro no se pueden hacer proyectos a medio o largo plazo porque cada año el 20 por ciento de la plantilla abandona. Los resultados no se ven de un momento a otro, son a largo plazo y el proyecto educativo de un centro, de un ciclo, de sus profesores, tiene que ser a varios años. Esto sólo se puede hacer con una plantilla estable y no con un grupo que cambia cada curso", denuncia.
En total, estiman que las plantillas de personal docente se han reducido en 11.082 personas desde enero de 2012, lo que supone además una merma en atención individualizada del alumnado. Lo atribuyen a la vigencia de los decretos de austeridad aprobados en 2012, normas como la congelación de las tasas de reposición que eran fácilmente derogables pero siguen en pie mientras se hace "postureo político" con la Educación.
LAS UNIVERSIDADES ANTE "EL BLOQUEO"
"En la universidad también se están sufriendo los efectos del bloqueo político y del gobierno en funciones, tenemos problemas de financiación, escasez de planes y recursos de financiación, un bloqueo de la oferta de empleo público y de la tasa de reposición, falta de regulación y de criterios comunes en temas fundamentales para la universidad como el modelo 3+2 frente al 4+1 o la enorme diferencia de precio entre universidades", ha añadido por su parte Ramón Caballero.
En total, las universidades públicas españolas han perdido 7.711 trabajadores desde 2011, de los que 4.643 eran personal docente e investigador (4,6% menos) y 2.468, personal de administración y servicios (una caída del 4,5%), según los datos de CSIF.
En docentes e investigadores, las de Alcalá de Henares (29,2%), la Autónoma de Madrid (25,4%), la Politécnica de Cataluña (25,2%), la Pública de Navarra (20,1%), la Rey Juan Carlos (17,1%) y La Laguna (14,2%) son las que mayores descensos han registrado, seguidas de León y Vigo (13%); Almería y la Carlos III (11,9%) y la Pablo de Olavide (11,5%).
En cuanto al personal de servicio y administración, las que más plantilla han perdido son la Autónoma de Barcelona (29,3%), la de Extremadura (17,1%), Granada (15,3%), la Politécnica de Cataluña y la Politécnica de Madrid (14,9%), Murcia (13,8%), Valencia y la UNED (12% ambas).
Sobre las tasas, el mapa también es desigual: Desde que en 2012 se diera más margen a las universidades para fijar sus precios, comunidades como Cataluña han llegado a subir los precios por encima del 66%. En Madrid, fue un 62%. En la actualidad, el precio medio de crédito por grado en España es de 18,36 euros pero conforme ha explicado Caballero, en Cataluña en algunas titulaciones el importe duplica al de Galicia. "Es un disparate", ha señalado.