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La Fiscalía cree que funcionarios de Adif cobraron sobornos en las obras del AVE

La Guardia Civil ha registrado las sedes de Adif, en Madrid y Barcelona. Los agentes buscan indicios sobre una presunta malversación de fondos públicos en las obras del AVE a su paso por la ciudad condal. Ya hay nueve detenidos. De ellos ninguno ostenta cargo político. La Fiscalía sospecha que funcionarios de la empresa pública cobraron sobornos en las obras del AVE a Barcelona. Adif ha explicado en un comunicado que colabora en la investigación desde junio de 2013.

La operación llamada 'yogui' se está desarrollando de forma simultánea en las dos capitales. Los agentes que registran las sedes de Adif buscan indicios sobre una presunta malversación de fondos públicos en las obras del AVE a su paso por la ciudad condal.
La guardia civil ha practicado nueve detenciones y varios registros en domicilios particulares de trabajadores y responsables del administrador ferroviario. El caso está bajo secreto de sumario. Entre los arrestados no figura ningún cargo político, según fuentes de la investigación.
La Fiscalía Anticorrupción sospecha que funcionarios de la empresa pública Adif pudieron haber recibido dinero dentro de las presuntas irregularidades en las obras del AVE Madrid-Barcelona.
Estos supuestos pagos fueron ordenados supuestamente por un directivo de la empresa contratista, Corsán, y en la presunta trama los detenido podrían haber incurrido en los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho y falsedad documental, entre otros, según un comunicado de este lunes de la Fiscalía Anticorrupción.
Concretamente, se investiga si directivos de la empresa se concertaron con cualificados funcionarios de Adif responsables de la obra y técnicos externos "para beneficiar económicamente a dicha mercantil en perjuicio de los fondos públicos gestionados" por Adif.
La Guardia Civil busca en los registros documentación que pueda revelar cobros de los funcionarios de Adif, pruebas "de los artificios utilizados para falsear las mediciones y disimular después el falseamiento", así como diversa documentación oficial.
Anticorrupción calcula que los implicados generaron un sobreprecio en favor de la empresa contratista de unos 6 millones de euros y sostiene que "la propia adjudicación de la obra a la contratista pudiera haber presentado irregularidades".
Adif ha explicado en un comunicado que las presuntas irregularidades se habrían producido en un contrato adjudicado a comienzos de 2008 y concluido en noviembre de 2011 y que el ente público colabora en la investigación desde junio de 2013.