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La Fiscalía no ve responsabilidad penal ni inacción de España para resolver la contaminación por las bombas de Palomares

La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, no ha observado indicios de responsabilidad penal ni tampoco inacción en las autoridades y funcionarios encargados de gestionar durante los últimos 50 años, desde que de forma accidental dos bombas con cabeza termonuclear estadounidense cayeran sobre Palomares (Almería).
Así se desprende de la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado que se ha presentado este martes con motivo de la apertura del año judicial a raíz de la denuncia presentada por Ecologistas en Acción-Almería contra el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), por "desinterés e inactividad para resolver el problema de la contaminación de los terrenos" en la pedanía almeríense a consecuencia del accidente de Palomares.
En concreto, considera que no hay indicios de responsabilidad penal en las autoridades y funcionarios, de los que destaca que en los últimos años han realizado "múltiples actuaciones tendentes a dar una solución definitiva" al problema.
En todo caso, estima que "es obvio que lo ocurrido en aquellos años y las posibles responsabilidades que hubiesen podido existir, si fuesen incardinables en el ámbito penal, estarían prescritas, dado el tiempo transcurrido desde entonces".
Por ello, "no entiende" que se pretenda hacer recaer sobre ellos la responsabilidad de lo ocurrido desde el momento del accidente y en las décadas posteriores después de que el 17 de enero de 1966 cayeran en Cuevas de Almanzora y sobre "cientos de hectáreas del litoral y el mar" los restos de bombas estadounidenses.
Dos de estas cuatro bombas estallaron contra el suelo y se produjo la deflagración de parte de su explosivo químico y diseminándose buena parte de los 9 kilogramos de combustible nuclear fisionable, en forma de óxidos de plutonio, uranio y americio fundamentalmente.
La Fiscalía señala que desde entonces se adoptaron "determinadas" medidas para evitar que la salud de los residentes en la zona resultara afectada pero a raíz de la denuncia, ha analizado "lo ocurrido en los últimos años".
En concreto, la Fiscalía repasa en su memoria las distintas actuaciones acometidas en la zona desde 1966 y especialmente desde 2004, cuando el Gobierno aprobó el Plan de Investigación Energética y Medioambiental en Materia de Vigilancia Radiológica de Palomares (PIEM-VR Palomares) para evaluar la contaminación residual en las zonas afectadas por el accidente y establecer estrategias de recuperación ambiental.
ACTUACIONES DESARROLLADAS
Entre las actuaciones adoptadas por las administraciones, recuerda que el Ejecutivo expropió 10 hectáreas, que se han ido ampliando posteriormente hasta expropiar, arrendar u ocupar un total de 41 hectáreas que en la actualidad están valladas y señalizadas. También recuerda que en 2009 culminó el Mapa radiológico tridimensional de Palomares, que fue sometido a revisión de la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y un plan para rehabilitar la zona afectada, solicitado por el CSN al CIEMAT.
Por otro lado, destaca que desde 2010 España y Estados Unidos iniciaron contactos gubernamentales "al más alto nivel" para adoptar una solución definitiva que pasa por la retirada de las tierras contaminadas y su traslado al país norteamericano. Estas conversaciones culminaron en un acuerdo de intenciones firmado en noviembre de 2015 en Madrid.
En cuanto a la administración local, a partir de los estudios de caracterización radiológica, el CSN notificó a los responsables de ordenación del territorio de la zona las restricciones de uso que debían aplicar, su localización geográfica exacta para que se tuviera en cuenta. La Fiscalía señala que esto ha sido, incluido, porque "se ha comprobado" en el Plan de Ordenación del Territorio del Levante Almeriense de 2009 y en el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía.
También a nivel local, está excluido el desarrollo urbanístico de los terrenos afectados por la contaminación radiológica y se anularon por la jurisdicción contencioso-administrativa el Plan Parcial como los proyectos de reparcelación y urbanización aprobados por el Ayuntamiento de Cuevas de Almanzora.