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La FELGTB propone en una ley formar a los empleados públicos sobre orientación sexual y diversidad de género

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha presentado este miércoles 28 de septiembre a todas las formaciones políticas un proyecto de ley contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, que incluye la formación de los empleados públicos en diversidad de género, reconoce el derecho a la autoderminación de la identidad de género y propone que, en caso de discriminación, deberá ser el acusado quien pruebe su inocencia (inversión de la carga de la prueba).
El presidente de la FELGTB, Jesús Generelo, y la abogada y miembro del grupo de juristas de FELGTB, Charo Alises, encargada de la redacción del texto, han explicado durante la presentación del borrador en un acto que ha tenido lugar en la sede del Defensor del Pueblo, que el objetivo de esta ley es conseguir la igualdad "real" de este colectivo y acabar con la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Asimismo, con esta norma buscan igualar los derechos de las personas LGTBI en todas las comunidades autónomas.
Generelo ha pedido presteza a los partidos políticos para el estudio de este texto de forma que pueda ser presentado ante el Parlamento lo antes posible y ha reclamado que la falta de Gobierno no sea una excusa para retrasarlo. En cualquier caso, ha instado a las formaciones a que cualquier acuerdo de Gobierno que se geste en las próximas semanas incluya ya este proyecto de ley "como algo de consenso".
El secretario de Derechos y Libertades del PP, Iñaki Oyarzabal, ha respondido que a pesar de las "diferentes posiciones" en su partido, trabajarán sobre el texto. Si bien, espera que este proyecto no se les plantee como "las lentejas, que si las quieres las tomas y si no las dejas" pues quieren realizar aportaciones. Junto a él, han recogido el borrador otros representantes políticos del PSOE (Ángeles Álvarez, Carla Antonelli, Iban García), Podemos (Clara Serra, Beatriz Gimeno), Ciudadanos (Elena Faba), Compromís (Joan Baldoví), Izquierda Unida y Equo, entre otros.
El borrador del proyecto de ley, al que ha tenido acceso Europa Press, recoge, entre otras medidas, que la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, en el marco de sus competencias, deberán impartir una formación en sensibilización sobre identidad de género y diversidad sexual a los profesionales públicos de la salud, los jueces, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los Cuerpos de Policía, los funcionarios de prisiones y profesores, entre otros.
Precisamente, en cuanto al ámbito educativo, el texto establece la realización de un plan integral de educación en el cual se proteja el respeto a la diversidad sexual y de género de manera transversal en todas las asignaturas, con la inclusión de los diversos modelos de familia en educación infantil o del "estudio del movimiento LGTBI" en la asignatura de Historia en Educación Secundaria.
Por otro lado, entre las medidas establecidas en el proyecto de ley, destaca la inversión de la carga de la prueba en los casos de agresiones hacia personas LGTBI cuyo número, según han denunciado, sigue siendo "preocupante". De esta forma, se establece que ante una denuncia por discriminación por orientación sexual o identidad de género, corresponderá a la parte demandada la presentación de las pruebas. Si bien, no será aplicable a procedimientos penales ni administrativos sancionadores.
Por otra parte, la ley recoge el derecho a la autodeterminación de la identidad de género en su artículo 73, según el cual, "no se podrá limitar, restringir, excluir o suprimir el derecho a la libre autodeterminación de género de las personas, debiendo interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor del libre y pleno ejercicio de este derecho".
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Además, para velar por que no se trate la condición de estas personas como una "patología", el texto especifica que "ninguna persona podrá ser obligada a someterse a tratamiento, procedimiento médico o examen psicológico que coarte su libertad de autodeterminación de género". Asimismo, Charo Alises ha explicado que las personas transexuales podrán acogerse a lo establecido en esta ley "sin necesidad de un diagnóstico de disforia de género y sin someterse a tratamiento médico".
Igualmente, el borrador recoge medidas para garantizar la protección y el respeto a las uniones de hecho y de derecho entre parejas del mismo sexo y de sus hijos e hijas, con independencia del origen de su filiación. Así, por ejemplo, propone la supresión del requisito del matrimonio en las parejas formadas por dos mujeres para el reconocimiento de la filiación por parte de la madre no gestante; y garantiza la no discriminación a parejas formadas por hombres para inscribir a sus hijos nacidos por gestación subrogada en el extranjero.
El proyecto de ley también contempla la creación de varios órganos como un Consejo Estatal contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género que deberá remitir al Gobierno y a las CCAA con periodicidad anual un informe sobre la evolución de la implantación de la ley; y una Comisión Interministerial de políticas LGTBI para "coordinar la ejecución en el ámbito de políticas LGTBI con los distintos organismos públicos".
También establece la creación de Fiscalías de delitos de odio que se encarguen de forma específica de los procedimientos penales relacionados con la LGTBfobia, así como de un Centro Nacional de Memoria Histórica LGTBI que recopilará archivos y documentos sobre la historia de la represión del colectivo LGTBI en España.