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Directores de Servicios Sociales ven la tarjeta social pactada con las CCAA como "un retorno al padrón de beneficencia"

El presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, considera que la creación de una 'Tarjeta Social' como "llave de acceso a un registro de prestaciones sociales públicas" pactada este martes por las comunidades autónomas y el Gobierno durante la Conferencia de Presidentes, es "un retorno al Padrón de Beneficencia" como el que aún estaba vigente en los primeros años de la Democracia.
En declaraciones a Europa Press, se refiere a las listas de los ayuntamientos donde debían inscribirse las familias "pobres de solemnidad" para poder acceder a asistencia sanitaria o ayuda alimentaria, por ejemplo. Este sistema tiene su origen en el siglo XIX, con la Ley General de Beneficencia y los desarrollos normativos que le sucedieron y que por primera vez, consideraban una resposabilidad pública atajar la indigencia y la miseria.
"En los años 80 como trabajador social tuve todavía oportunidad de rellenar esas cartillas en las que se declaraban pobres de solemnidad a esas personas", recuerda Ramírez, para explicar que si bien en la Constitución Española se sustituyó el término "beneficencia" por el de "asistencia social", el uso del Padrón Municipal de Beneficencia siguió unos años más. Servía para que las personas en situación de pobreza pudieran acreditar su condición en circunstancias como tener exención de tasas en un documento público o matricular a los niños en un colegio.
En su opinión, volver a este modelo expidiendo una "tarjeta social" a los perceptores de prestaciones públicas, lo que implica enlistarles, "además de ser estigmatizante y un gasto inútil, no tiene sentido" ya que "no aporta ninguna mejora": En la actualidad, con el DNI se puede acceder en tiempo real a toda la información sobre las ayudas y prestaciones que recibe cualquier ciudadano.
Considera además que "es un insulto" que se argumente la creación de este sistema desde el punto de vista de la lucha contra el fraude. "El mayor fraude que se produce en este país está en las grandes empresas, las grandes sociedades y las fortunas, que generan el 70% del total", recuerda José Manuel Ramírez.
"Cuando nosotros estamos dando ayudas económicas de urgencia social o el llamado salario social --prosigue el experto--, estamos dando desde los ayuntamientos cantidades muy pequeñas, no más de 200 o 300 euros, con un procedimiento administrativo, por lo que el control y la coordinación se realizan de manera cotidiana y eficaz", señala, para incidir en que "es falso que se produzca un abuso".
EL FRAUDE, EN UNA LATA DE CERVEZA
Con todo, afirma que "eso no quiere decir" que "alguna persona que se da una ayuda de emergencia social de 200 euros para comprar alimentos, en la compra haya metido una cerveza". "Encontraríamos el fraude en lo que vale esa cerveza pero claro, sujetar a controles a esas personas, pues no nos va ahorrar muchos centenares de miles de millones de euros", añade Ramírez.
Considera que en vez de crear esta tarjeta "que sólo servirá para acreditar que su titular pertenece a un 'club de pobres'", sería más últil implantar una "tarjeta patrimonial" que se expidiese a empresas y grandes fortunas para acceder "en tiempo real" a la lista de excenciones, ayudas y beneficios fiscales gestionadas por el Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos para buscar fraudes y duplicidades.
"Esto se calificaría de persecución a los ricos y atentado a su intimidad, pero si se trata de personas pobres, desempleados de larga duración o familias vulnerables, parece que, como en la antigua beneficencia, la intimidad e incluso la dignidad se pueden vulnerar, para que no abusen de las menguadas prestaciones que reciben", denuncia la asociación.