Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

Detienen a 19 personas en Canarias por defraudar más de 11 millones a la Seguridad Social con complejos entramados

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 19 personas, a las que hay que sumar otras 23 en calidad de investigadas no detenidas, por defraudar en Canarias más de 11 millones de euros a la Seguridad Social.
Estas detenciones se han producido en el marco de una investigación en la que han sido analizadas 53 empresas y se han esclarecido 15 delitos de fraude a la Seguridad Social y 11 de alzamiento de bienes, según informó la Policía Nacional en nota de prensa.
En concreto, el volumen total de lo defraudado asciende a 11.116.522,68 euros, cantidad que señalan se habría visto incrementada sustancialmente de no haberse actuado conjuntamente tanto policial como administrativamente. El dispositivo se ha desarrollado en las localidades de Las Palmas de Gran Canaria, Telde (Gran Canaria), Santa Cruz de Tenerife, Arona (Tenerife) y San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), donde se encuentran ubicadas las mercantiles.
Las detenciones se produjeron a raíz de unas investigaciones que comenzaron tras la recepción de varios escritos emitidos por el Servicio de Prevención de los Delitos Económicos de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y las Direcciones Provinciales de la TGSS en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.
Así, tras realizarse un estudio detallado de la documentación proporcionada, los agentes percibieron que había indicios racionales de distintos delitos relacionados con las empresas objeto de estos informes.
En este sentido, detectaron un incremento en los últimos años de impagos sistemáticos de seguros sociales por parte de los responsables de las empresas investigadas, sobrepasando los 120.000 euros en ejercicios fiscales, comprobando así que existía "un claro ánimo defraudatorio".
Los empresarios utilizaban ardides fiscales, constituían sucesiones empresariales, complejos entramados mercantiles y realizaban maniobras de ocultación para llevar a cabo los delitos. Todo este análisis de informes y de la documentación relacionada con los ilícitos, sumado a las actuaciones administrativas realizadas y a la consulta de los registros públicos de los que se obtuvieron datos patrimoniales sobre las empresas y personas investigadas, permitió esclarecer los 26 delitos cometidos por las empresas ubicadas en Canarias.