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La Defensora del Pueblo Europeo sugiere a la Comisión Europea evaluar el impacto del Acuerdo UE-Turquía sobre los DDHH

La Defensora del Pueblo Europeo ha sugerido a la Comisión Europea incluir en sus próximos informes sobre los avances realizados en la aplicación del Acuerdo UE-Turquía una sección independiente centrada en los riesgos que puede conllevar su aplicación al respeto de los derechos humanos y en medidas destinadas a minimizar el impacto negativo sobre los mismos. Además, señala que el carácter político del acuerdo no exime a la UE de proteger los derechos fundamentales.
Esta es la conclusión de la investigación realizada por la Defensora del Pueblo Europeo, que se ha hecho pública este jueves 19 de enero, en respuesta a las reclamaciones que había recibido contra la Comisión Europea relativas a la evaluación del impacto sobre los derechos humanos del Acuerdo firmado entre la Unión y Turquía el 18 de marzo de 2016, que se refiere al retorno a Turquía de migrantes irregulares presentes en Grecia y estipula que por cada sirio que se devuelva a Turquía, otro sirio debe ser reubicado en la UE.
Estas quejas procedieron de varias ONG españolas (CEAR, la Confederación Española de Abogados Jóvenes y Women's Link Worldwide) así como de ciudadanos españoles a título individual, que se pusieron en contacto con la Comisión entre abril y agosto de 2016.
Concretamente, la organización internacional que defiende los derechos de las mujeres Women's Link Worldwide presentó una queja ante la Defensora del Pueblo Europeo contra la Comisión Europea por las vulneraciones de derechos que sufren mujeres, niñas y niños como consecuencia del Acuerdo entre la Unión Europea y Turquía.
"La Comisión Europea ha fallado en cumplir con su deber de debida diligencia al no haber realizado una evaluación de impacto en los derechos humanos con una perspectiva de género e incluyendo la promoción y protección de los niños y las niñas de la Declaración entre la Unión Europea y Turquía del 18 de marzo de 2016", rezaba la reclamación, presentada el pasado 21 de junio.
Siete meses después, concluida la investigación de la Defensora del Pueblo Europeo, esta concluye que "el carácter político del Acuerdo no exime a la Comisión de su responsabilidad de garantizar que sus actuaciones sean conformes a los compromisos de la Unión en materia de derechos fundamentales" y considera que "la Comisión debe hacer más para demostrar que su aplicación del Acuerdo intenta respetar los compromisos de la Unión en materia de derechos fundamentales".
"Si la Comisión Europea hubiera analizado el impacto de derechos humanos del Acuerdo, las más de 80 personas refugiadas que han muerto durante esta ola de frío que asola a Europa no hubieran fallecido porque se hubieran habilitado mecanismos rápidos de derivación a otros estados y no hubiéramos dejado toda la carga de la acogida y asistencia a las personas refugiadas a un país como Grecia, asfixiado por una crisis económica terrible", ha lamentado la presidenta de Women's Link, Viviana Waisman.