El Defensor del Pueblo recomienda al Gobierno prohibir medicamentos con diclofenaco por sus efectos "letales"

El Defensor del Pueblo recomienda al Gobierno que "valore la retirada" de los medicamentos que contengan diclofenaco para uso veterinario y el herbicida glifosato "por sus efectos letales" para las aves necrófagas o bien para la salud humana, respectivamente, en consonancia con el principio de precaución al que deben someterse las administraciones públicas.

Así consta en el Informe Anual del Defensor del Pueblo de 2016, que señala que se ha formulado al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente así como a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMS) dos resoluciones para que revisen un estudio que advierte de sobre las consecuencias y riesgos de del diclofenaco para uso veterinario.

Además, la Institución sugiere al Ministerio que en caso de que no opte por retirar estos medicamentos, que termine "a la mayor brevedad" el proyecto promovido por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural (DGCEAMN) para evaluar los niveles de diclofenaco en cadáveres de ganado aportados a puntos de alimentación de aves necrófagas y se agilice la aplicación de medidas normativas y de las recomendaciones aprobadas en 2014.

La actuación del Defensor, según relata, ha consistido en comprobar el grado de cumplimiento de la normativa y las recomendaciones elaboradas conjuntamente por el Ministerio de Agricultura, Alimentación, Pesca y Medio Ambiente y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, en 2014.

Así, recuerda que de acuerdo con el principio de cautela o precaución, cuando sea "indispensable" una acción "urgente" para proteger la salud humana o el medio ambiente, los Estados miembro de la UE pueden, por iniciativa propia o a petición de la Comisión Europea, podrán suspender en su territorio el empleo de un medicamento de uso veterinario que haya sido autorizado.

El Defensor recuerda que, pese a que los medicamentos veterinarios son una herramienta para garantizar la sanidad animal y la salud pública, no puede considerarse que su aumento sea una finalidad que deba prevalecer sobre la protección de la salud pública y el medio ambiente "cuando no exista una base científica sólida" que justifique la adopción de una medida que limite dicha disponibilidad, como afirma la AEMS.

PRIMA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE

Precisamente, según reflexiona el Defensor, el principio de prevención opera "justamente en el sentido contrario" de modo que hace prevalecer la protección de la salud pública y el medio ambiente "sobre cualquier otra consideración", incluido el aumento de disponibilidad de medicamentos veterinarios cuando hay incertidumbre sobre los riesgos.

El Defensor destaca también un estudio científico que concluye que los medicamentos con diclofenaco pueden causar la muerte de entre 715 y 6.389 buitres cada año, lo que representa un índice de declive de su población de entre el 0,9 y el 7,7 por ciento anual.

El estudio también señala que una disponibilidad muy baja de cadáveres animales con dosis letales de diclofenaco es suficiente para causar un rápido descenso de la población y alerta sobre los riesgos derivados del uso veterinario irregular del diclofenaco y recuerda que existen medicamentos alternativos sin estos "efectos letales sobre las aves necrófagas".

Por ello, insta también al Gobierno a que implante los mecanismos de supervisión y control necesarios para reducir los riesgos de contaminación de la cadena alimentaria de las aves necrófagas.

Otra de las actuaciones "más relevantes" de la institución en materia ambiental se refiere a los productos fitosanitarios con glifosato pero que se utilizan no como medicamentos sino como herbicidas.

PROHIBIR HERBICIDAS CON GLIFOSATO INMEDIATAMENTE

A este respecto, recuerda que el Reglamento de la Comisión Europea obliga a los Estados a velar por que los fitosanitarios que contengan un coformulante llamado "tallowamina polietoxilada", porque se ha puesto de manifiesto que pueden afectar "negativamente" a la salud humana.

Las autoridades españolas informaron al Defensor que estaban tramitando la revocación de autorización de estos productos, pero con un periodo de prórroga para su venta, distribución y uso. Pero la Institución que dirige Soledad Becerril, considera que dicha prórroga no debe otorgarse cuando los motivos de su retirada sean la protección de la salud o del medio ambiente.

Por ello, ha sugerido al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para que agilice la retirada del mercado de este producto y no otorgue ninguna prórroga.

De hecho, insisten en que las administraciones deben adoptar medidas para limitar el uso de estos productos en zonas accesibles por el público o grupos vulnerables (mujeres embarazadas, lactantes, niños, personas de edad avanzada, etc.) y promover otros productos fitosanitarios de bajo riesgo para la salud humana, por mecanismos naturales de control de plagas y otros métodos alternativos previstos en el Real Decreto de uso sostenible de los productos fitosanitarios.

En la misma línea, ha sugerido al Ministerio que informe a los ciudadanos para que adopte y refuerce los mecanismos de inspección, vigilancia, control y sanción para asegurar que, cuando una Administración decida emplear productos fitosanitarios con glifosato, se reduzca al mínimo los riesgos, se cumplan todas las condiciones de uso y se detecten con prontitud sus efectos adversos para la salud o el medio ambiente.

Por otro lado, el Defensor ha iniciado una actuación sobre la autorización excepcional de productos fitosanitarios en la agricultura con sustancias activas Dicloropropoeno y Cloropicrina.

En ese sentido, recuerda al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente estos productos solo deben aplicarse en situaciones de emergencia en materia fitosanitaria cuando sea necesario y cuando suponga un peligro que no pueda ser controlado por cualquier otro medio razonable.

Finalmente, el Defensor del Pueblo insta a la Administración que promueva el uso de otras sustancias menos contaminantes, porque hasta la fecha "estas sustancias se autorizan casi todos los años en determinadas comunidades autónomas y para cultivos concretos". Por ello, pide al Ministerio información sobre los controles e inspecciones de cada comunidad autónoma para asegurarse de que se cumplen las medidas para proteger el medio ambiente y la salud de las personas.