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La DGT niega un aumento de multas en los años de crisis

La DGT pone en marcha la campaña especial de control sobre excesos de velocidadEFE

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha apuntado que el máximo de sanciones impuestas en las carreteras españolas se produjo en 2009 y, desde entonces, el número se ha ido reduciendo. De este modo, desmiente los datos facilitados por un estudio presentado por Línea Directa en el que se asegura que las multas han aumentado un 80 por ciento durante los años de la crisis (entre 2007 y 2013).

A través de un comunicado, el departamento que dirige María Seguí ha señalado que en 2006 la DGT tramitó 2,5 millones de denuncias y achaca esta cifra a que entre 2005 y 2006 se implementó un plan de instalación de una red de radares fijos, además, ese mismo año entró en vigor el sistema de permiso por puntos.
Del mismo modo, destaca que en 2008 inició su funcionamiento el Centro de Tramitación de Denuncias Automatizadas (ESTRADA), con la consiguiente mejora en la gestión y control de las denuncias.
A partir de 2009, cuando se registran 4,8 millones de multas, en los años siguientes la cifra se reduce, desde los 4,1 en 2010, pasando por los 3,8 de 2011 y hasta los 4,2 de 2014. "Por lo tanto, se puede concluir que de ningún modo ha existido aumento del 80 por ciento de denuncias durante los años de la crisis", indica la DGT.
Por otra parte, Tráfico critica que el estudio le cita como fuente de su información cuando en España además de la DGT hay diferentes organismos que tienen la competencia sancionadora en materia de tráfico interurbano, como el Gobierno Vasco, la Generalitat de Cataluña o los más de 2.300 ayuntamientos en sus respectivos ámbitos de competencia, de cuya actividad sancionadora el organismo no recibe datos.
Por lo que, a su juicio, "es erróneo atribuir los datos que en ese informe se manejan únicamente a este organismo".
Finalmente, defiende que su objetivo "no es el incremento de las denuncias y sanciones" y argumentan que en el presupuesto de este organismo autónomo, estructuralmente se está reduciendo en los últimos años la dependencia de los ingresos derivados de los expedientes sancionadores.