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El Congreso pide al Gobierno que vigile y sancione a las aerolíneas que discriminen a los pasajeros discapacitados

La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso ha apoyado por unanimidad una proposición no de ley impulsada por Esquerra Republicana (ERC) por la que se insta al Gobierno a intensificar la vigilancia del cumplimiento, por parte de las compañías aéreas, de sus obligaciones relativas a derechos de los pasajeros con movilidad reducida en el transporte aéreo y a sancionarlo cuando esto no se cumpla.
El texto también llama a elaborar un nuevo sistema para multar a compañías, agentes e viajes u operadores turísticos que sean reincidentes en esta materia, así como a denegarles cualquier subvención o ayuda que puede corresponderle desde las administraciones públicas.
Durante el debate de la iniciativa, el portavoz de la formación catalana en este órgano, Joan Capdevila, ha denunciado que existen diferentes compañías aéreas que operan en España que se han negado reiteradamente a embarcar personas con discapacidad. "Esta exclusión deliberada, alegando razones de seguridad, supone una privación a esta parte de la ciudadanía de un medio de transporte esencial como es el transporte aéreo", ha apuntado el diputado.
En este sentido, ha recordado el caso del estudiante sordociego español, que se encontraba de Erasmus en Londres, Javier García, que denunció a Ryanair después de que la compañía se negara a su embarque alegando razones de seguridad.
Por este motivo, la proposición también pide la apertura de un registro de quejas efectuadas por parte de las personas afectadas y la publicación anual de un informe de la situación de los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo. "Dicho informe será presentado mediante la comparecencia de la Secretaría de Estado pertinente a la comisión en el Congreso" para su exposición, concluye la iniciativa.
REVISAR LA CUOTA DE DISCAPACIDAD EN LAS EMPRESAS
En la misma sesión, el órgano del Congreso responsable de las políticas para la discapacidad también ha apoyado por unanimidad una propuesta socialista que insta al Ejecutivo, en coordinación con las comunidades autónomas, a impulsar la revisión de los parámetros de la cuota de reserva para las personas con discapacidad, que actualmente es de un 2 por ciento, y para las empresas con un mínimo de 50 trabajadores.
El documento aprobado pide que se refuercen las actuaciones de la Inspección del Trabajo en la vigilancia del cumplimiento de la cuota de reserva de empleo para personas con discapacidad, y que se endurezcan las condiciones para poder acogerse a medidas alternativas.
Además, señala, es necesario establecer mecanismos que fomenten de forma real y efectiva el acceso de este colectivo al mercado de trabajo, y que fomenten la sensibilización y el conocimiento de la Ley por parte de los empresarios, con la participación de los representantes legales de los trabajadores.
La portavoz del PSOE en la materia, Rocío de Frutos, ha recordado que tanto la Constitución como la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España, recogen que las personas con discapacidad "tienen derecho a trabajar en igualdad de condiciones y sin discriminación en un entorno laboral abierto, inclusivo y accesible".
"A pesar de ello, sus circunstancias como colectivo, con especiales dificultades para acceder al empleo, hacen necesaria la adopción de una serie de mecanismos que faciliten su incorporación al mercado de trabajo y que aseguren, a través de nuestra normativa, la promoción de su contratación en el sector público y privado", ha apuntado.