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Ciudadanos denuncia el incumplimiento de la normativa de accesibilidad en las estaciones de tren de grandes ciudades

Ciudadanos ha denunciado este martes el incumplimiento de la normativa de accesibilidad en las estaciones de tren de las grandes ciudades que, por ley, debería haberse aplicado en su totalidad en 2015. En este sentido, ha apremiado al Gobierno, a través del registro de una proposición no de ley en el Congreso, a que se haga todo lo posible para que esta normativa se lleve a término.
El partido naranja ha criticado que, por decreto ley las estaciones de grandes ciudades o de más de 1.000 viajeros diarios tendrían que ser completamente accesibles para personas con discapacidad desde 2015, mientras que el resto de estaciones terminarían el plazo en 2020.
Sin embargo, la diputada Irene Rivera y el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha señalado el "claro incumplimiento de la ley" que se ha llevado cabo y que evita la accesibilidad y la movilidad de los 3,8 millones de personas que en el país sufren algún tipo de discapacidad.
"Lo que hemos presentado refuerza lo que llevamos presentado en diferentes parlamentos, como en Madrid o Andalucía, y ahora buscamos seguir reforzando desde el Congreso. Se trata de un derecho que se debería estar cumpliendo ya desde finales desde 2015", ha insistido Rivera.
"INCUMPLIENDO LA LEY DE FORMA SISTEMÁTICA"
Por su parte, Aguado se ha referido al caso concreto de la Comunidad de Madrid, donde sus 301 estaciones de metro deberían ser accesibles en 2017. Según el portavoz en la Asamblea de Madrid, "sólo hay 218 comprometidas", por que "hay 90 estaciones que no serán accesibles" el próximo año. "No sólo es un problema de que las personas no puedan acceder, es una realidad legal", ha denunciado Aguado.
Durante su intervención, ha explicado que España no está cumpliendo con la Convención de Derechos por las Personas con Discapacidad que el país ratificó, por lo que el Ejecutivo está "inclumpliendo la ley de forma sistemática", lo que, ha advertido, se podría transformar en "demandas millonarias al Gobierno regional y al central".