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Cerca de 40 senadores de distintos grupos registran la solicitud de crear una Comisión de investigación de Castor

Un total de 39 senadores del Grupo Mixto (Compromís, PDeCAT y EH-Bildu) Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea han registrado este miércoles 24 de mayo en la Cámara Alta una solicitud de creación de una Comisión de Investigación del almacén subterráneo de gas Castor, situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón), "sus omisiones, posibles responsabilidades, estudios para su monitorización, control y desmantelamiento".
El senador de Compromís Jordi Navarrete ha declarado que, "sin duda, aspectos todos ellos de interés" y que, confía, "sean bien vistos por formaciones como son el PP y el PSOE". "Es imprescindible que salgamos reforzados tras esta crisis, se acabe con las dudas y miedos, afrontemos esta clase de proyectos de otra manera y que no acaben siempre siendo los ciudadanos, consumidores y la Hacienda Pública los perjudicados por esta clase de proyectos e infraestructuras tramitadas sin el control necesario", ha señalado.
Este martes Navarrete presentó a los medios de comunicación la propuesta de creación de una comisión de investigación, antes quienes afirmó que el objetivo es poner el "foco de atención informativo para que la ciudadanía esté informada de forma clara, abierta y transparente" de lo que ocurrió.
Durante una comparecencia en el Salón de Pasos Perdidos del Senado para presentar la propuesta, el parlamentario de Compromís --promotor de esta iniciativa que ha recabado los apoyos de ERC, En Comú Podem-Podem a la valenciana, y PDeCAT-- criticó que el proyecto Castor está "lleno de irregularidades, de sobrecostes y de mala gestión". Además, defendió que es el momento de que el PP y el PSOE tomen una posición al respecto.
"Es el momento de que se posicionen sobre si están a favor y del lado de la gente que sufrió los movimientos sísmicos o a favor de los que los generaron. Sobre si están a favor de la claridad, de saber qué paso con ese proyecto. Es el momento de saber donde están las responsabilidades y de saber qué normas tenemos que ponernos para que en otras circunstancias no se produzcan estas actuaciones", argumentó Navarrete.
Para el senador de Compromís, el proyecto de almacenamiento de gas Castor fue un "fiasco económico". "La ciudadanía necesita saber por qué se produjo, quiénes son los responsables y por qué hemos tenido que repercutir en la factura de todos los españoles el gasto de una infamia de un proyecto faraónico", insistió.
Por su parte, el senador de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) Miquel Aubà explicó que su formación apoya la petición de Compromís ante la necesidad de que "se aclare cómo fue la cuestión, todo el proceso" de un proyecto que "desde el minuto cero fue un desastre, un error de construcción y económico". Según avisó el martes Aubà, "todos" los españoles van a pagar el coste del proyecto "a través de la factura del gas". "La ciudadanía se merece una explicación clara y contundente de por qué va a pagar", ha remachado.
En esta línea, el parlamentario del PDeCAT Josep Lluis Cleries dijo que su apoyo a la comisión de investigación tiene que ver con el hecho de que "se han producido una serie de irregularidades difíciles de entender". "Es bueno que en sede parlamentaria se den las explicaciones oportunas", señaló, al tiempo que abogó por poner "negro sobre blanco" lo que ha sucedido. Ante los sobrecostes del proyecto, Cleries afirmó que, cuando una compañía privada hace una inversión de este tipo, "es esta empresa la que arriesga a costa de los beneficios que ha obtenido".
Vicenta Jiménez, senadora d'A la Valenciana, apuntó que hay "motivos más que suficientes para exigir que la comisión de investigación" salga adelante porque la ciudadanía "debe conocer cómo, porqué y quienes son los responsables" de llevar a cabo un proyecto con "la oposición ciudadana".
Por último, la senadora de En Comú-Podem María Freixanet puso de manifiesto que el proyecto "ha estado impugnado por la sociedad civil desde el momento cero" y que ha tenido informes técnicos y medioambientales en su contra también desde el inicio. "Se está tratando de una verdadera chapuza, un pelotazo económico permitido y avalado desde el Estado", zanjó.