El CERMI pide un modelo común de declaración de accesibilidad en la transposición de la directiva de accesibilidad web

En este sentido, considera que tiene que ser aprobado por el Gobierno de España y posteriormente sustituido por el que se acuerde a nivel comunitario, además de incluir un apartado en el que el organismo o empresa explique qué partes de su web o aplicación móvil no son accesibles, apuntando además las causas.

El objetivo de esta nueva norma es garantizar que las personas con discapacidad o de avanzada edad puedan acceder en igualdad de condiciones a las tecnologías de la información y la comunicación. La Directiva fue aprobada definitivamente en octubre de 2016, entró en vigor en diciembre y los Estados miembro de la Unión Europea deben transponer este texto a su ordenamiento jurídico antes del 23 de septiembre de 2018.

El CERMI considera que, "a pesar de algunas insuficiencias de la normativa comunitaria, ya que en principio no se aplica a las páginas y aplicaciones privadas", la adopción de esta Directiva "es un avance contra la exclusión digital por ausencia de condiciones de accesibilidad que sufren muchas personas con discapacidad y personas mayores en la UE".

Por ello, la entidad pide que España "vaya más allá" del objeto de la Directiva cuando se trata de sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de entidades privadas que ofrezcan servicios de uso público en diferentes ámbitos, como la sanidad, la asistencia infantil, la inclusión social, el transporte o diferentes suministros como el agua o la electricidad.

En esta línea, el estudio del CERMI explica que no sólo se deben reforzar las exigencias de accesibilidad universal que ya existen a grandes empresas, sino también a las pequeñas y medianas compañías que ofrezcan servicios de uso público en sectores básicos para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad y no discriminación.

La transposición de la Directiva de accesibilidad web europea afecta sobre todo a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. En concreto, atañe a su disposición adicional quinta, en su redacción dada por el artículo 6 de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y por los artículos 4.18, 19 y 20 de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.

PROPUESTAS

La propuesta del CERMI hace hincapié en la necesidad de actualizar la normativa española para que se exijan criterios mínimos de accesibilidad en las nuevas plataformas de comunicación e información que van apareciendo, como diferentes redes sociales.

Del mismo modo, la plataforma detalla que los cuatro principios de la accesibilidad web deben ser la perceptibilidad, operabilidad, comprensibilidad y robustez. Asimismo, cree que se debe introducir la obligación legal de que los sujetos obligados a cumplir con criterios mínimos de accesibilidad tengan que proporcionar y actualizar periódicamente una declaración de accesibilidad detallada, exhaustiva y clara sobre la conformidad de sus sitios Web y aplicaciones para dispositivos móviles, que esté al alcance de los usuarios.

La propuesta del CERMI también recoge que las organizaciones que crean que no pueden cumplir los criterios mínimos de accesibilidad deberán solicitar un permiso al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y especifica que en ningún caso podrán hacer uso de este procedimiento instituciones o empresas integradas en el sector público.

En todo caso, el CERMI manifiesta que en la normativa española se debe clarificar un mecanismo a través del cual los ciudadanos puedan denunciar incumplimientos de la normativa española resultante de la transposición de la Directiva europea.

Por último, el documento dedica un apartado a la necesidad de que las administraciones impulsen medidas que sirvan para universalizar los requisitos de accesibilidad web y de las aplicaciones móviles, apostando por acciones formativas, de sensibilización, deducciones fiscales o subvenciones.