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El CERMI lamenta que el TC "ignore una vez más" los derechos de las personas con discapacidad

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) lamenta que el Tribunal Constitucional "ignore una vez más" los derechos humanos de las personas con discapacidad, tras un auto en el que no aprecia discriminación en el procedimiento por el cual una persona incapacitada judicialmente no puede votar.
"Recibimos esta sentencia con profunda desolación y tristeza. Nuestros derechos por enésima vez se ven arrojados a la cuneta de la vida en comunidad", apuntan desde el CERMI, que sostienen que la "mala práctica de la justicia constitucional" hace "más necesaria que nunca" la modificación con urgencia la legislación electoral para que todas las personas con discapacidad gocen de su derecho fundamental al voto, hoy negado en España.
Esta organización como Down España han ofrecido a la mujer gallega con discapacidad intelectual a la que se le impide el derecho de sufragio como a su familia la asistencia y el acompañamiento jurídicos para recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
"La experiencia del sector social de la discapacidad con el TC es de permanente frustración y decepción, pues no ha asumido ni conoce ni practica la dimensión de derechos humanos con la que ha de abordarse la realidad de las personas con discapacidad", subrayan desde esta organización.
Asimismo, sostienen respecto al derecho de voto, que el TC mantiene un enfoque "antediluviano" en la consideración de las personas con discapacidad, "como seres débiles, frágiles e influenciables, sometidos a instancias ajenas a sí mismas, que no pueden ejercer sus derechos como cualquier otro miembro de la comunidad, y sanciona su privación".
El CERMI advierte de que el TC hace "caso omiso" a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado internacional de derechos humanos vigente en España, que obliga a los Estados parte a reconocer el derecho de sufragio a todas las personas con discapacidad, mandato que, según recuerda, "España incumple palmariamente".
Destaca, no obstante, el voto particular de la magistrada Adela Asua que reprocha implícitamente a la mayoría que dictó el auto, la incomprensión y el error jurídico, y para CERMI también ético, que cometen contra las personas con discapacidad.