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Alianza por la Solidaridad reclama un pacto de estado contra la violencia de género con medidas para mujeres migrantes

Alianza por la Solidaridad se ha sumado a la petición de un Pacto de Estado contra la violencia de género con motivo del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que se celebrará este próximo domingo 28 de mayo, según informa la organización. Además, considera fundamental que se incluyan en el pacto medidas de apoyo especiales para las mujeres que han migrado y las refugiadas, debido a su situación de vulnerabilidad.
La organización denuncia que actualmente "no existen una garantía universal de salud ni derechos sexuales y reproductivos para las mujeres". A su juicio, este colectivo carga "mochilas de violencia" generadas en los países de origen, mantenidas durante los años de tránsito o viaje hacia Europa y perpetuadas en el lugar de destino.
La organización cita datos de un informe realizado en centros de atención primaria que muestran que un 65% de las mujeres extranjeras encuestadas había sufrido algún tipo de maltrato alguna vez en la vida, frente a un 30% de las nacidas en España. Asimismo, recuerda que de los 62 feminicidios que tuvieron lugar en España en 2015, 23 de las víctimas fueron extranjeras. Por eso, recalca que las mujeres migrantes tienen cuatro veces más posibilidades de morir en un feminicidio que las mujeres españolas.
Por todo ello, Alianza por la Solidaridad solicita: la puesta en marcha de un Pacto de Estado y leyes integrales que luchen contra todas las formas de violencia de género, dotando a todas estas normativas de recursos para su implementación para las mujeres; la eliminación de discriminación en el acceso a servicios sociales, sanitarios o jurídicos; programas de educación y sensibilización de ciudadanía sobre la violencia y la discriminación; y la adopción de las mejoras en las políticas públicas para que garanticen los derechos de las mujeres.
Finalmente, recuerda que el Real Decreto-Ley de 2012 supuso "la retirada de tarjeta y asistencia sanitaria a las mujeres migrantes en situación administrativa irregular", lo que, en su opinión supone de hecho "su exclusión de los servicios públicos de salud en la mayoría de las comunidades autónomas".