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Las renovables advierten de que si no mejora la regulación, no se cumplirán los objetivos para 2030

Durante la presentación de su Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España, la asociación ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar el marco regulatorio del sector.
La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) ha advertido este martes de que, de seguir con las políticas energéticas actuales, no se cumplirán los objetivos sobre clima y energía para 2030 a los que España se ha comprometido con las autoridades europeas.
A pesar de que el acuerdo alcanzado en la Cumbre de París por 188 países para combatir el cambio climático les hace ser "optimistas", el presidente de APPA, José Miguel Villarig, ha denunciado que la legislación "pone las cosas difíciles" a muchas de las empresas que apuestan por las renovables.
En este sentido, Villarig ha puesto de manifiesto la "falta de estabilidad" en la normativa y la "confusión" que acarrea el diseño de las tarifas eléctricas, por lo que pide mejorar la regulación "en vez de sustituirla tan a menudo" para corregir la "inseguridad jurídica" y que la retribución a las inversiones dure toda la vida del proyecto, o de lo contrario las empresas se ven "indefensas para actuar".
"Nos preocupa que las decisiones se tomen desde la improvisación y con un horizonte que no pasa de la legislatura", ha lamentado el presidente de la asociación, que también pide que se eliminen los costes reguladores de las tarifas que "no tienen nada que ver y dan mala imagen".
Por ello, ha reclamado la necesidad de un Gobierno estable con el que negociar cambios en la legislación. "Este es un sector regulado que necesita un horizonte de certeza para desarrollarse, la inestabilidad nos perjudica", ha explicado.
Villarig también ha sido crítico con las subastas para la instakacuñib de byeva oitencia renovable, en vista a que los resultados de la última "no fueron los deseados", y apuesta por dar un precio fijo al kilovatio hora.
Por último, ha denunciado que no exista un incentivo fiscal a la inversión para las tecnologías más maduras, cuyo coste "no es reconocido en absoluto", y propone "que quien contamine pague o que se establezca un premio al que no contamina".