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Los pilotos amenazan con no volar

El SIndicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas, SEPLA, ha anunciado que su colectivo convocará una serie de paros y otras movilizaciones durante el mes de diciembre, en plenas fechas navideñas.
Desde la central sindical han denunciado que hace un año que Aviación Civil, dependiente del ministerio de Fomento, se comprometió a elaborar y aprobar una circular que regule estos aspectos, es decir, el tiempo de actividad y descanso de los pilotos. El problema es que de momento, no ha visto la luz, ya que según el sindicato "se lleva aplazando mucho tiempo y ya no podemos más".
Los pilotos han informado que en los próximos días darán a conocer todos los detalles de esas movilizaciones, entre ellos, las fehcas de los paros.
Ante la "desidia" y el "retraso" de Fomento a la hora de publicar esta circular, que regulará los tiempos de trabajo y descanso de las tripulaciones aéreas en España, se ha acordado convocar esta protesta.
El sindicato de pilotos cree que este retraso se debe "a la presión ejercida por los operadores" de aviación para anteponer "los intereses económicos de las aerolíneas a la fatiga".
Para SEPLA, que agrupa a más de 6.000 pilotos españoles, la ausencia de esta normativa podría suponer "una merma en la seguridad aérea" en caso de que las programaciones de vuelos sobrepasen los límites de actividad recomendables, ya que la fatiga de los pilotos puede ser un "factor clave" en el 20% de los posibles accidentes aéreos.
El sindicato ha puesto como ejemplo el accidente ocurrido en mayo en un avión de Air Indian Express, filial de bajo coste de la compañía estatal, en el que murieron 158 personas. Según la investigación, la fatiga de la tripulación durante la maniobra de aterrizaje fue un factor clave en el trágico desenlace.
Una regresión con respecto a la normativa anterior.
Este problema se remonta a 2008, cuando la Unión Europea (UE) aprobó el conocido como "Subparte Q", un documento que regula los descansos de las tripulaciones en el ámbito europeo, y cuya aplicación supone en España una "regresión" respecto a la actual normativa vigente porque contempla "una situación de mínimos inaceptable", de acuerdo con el SEPLA.