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Los tribunales turcos dictan las primeras condenas por el fallido golpe de Estado

Los tribunales han emitido este jueves las primeras sentencias relacionadas con el fallido golpe de Estado del pasado 15 de julio en Turquía y han condenado a cadena perpetua a dos militares vinculados al influyente clérigo Fethulá Gulen, al que el Gobierno señala como 'cerebro' de la asonada.
Uno de los condenados es el comandante de la Gendarmería en la región de Erzurum, el coronel Murat Kocak, a quien Gulen habría prometido un alto cargo militar en esta provincia, de acuerdo con una lista con el nuevo organigrama que pretendían imponer los golpistas y que ha sido aportada como prueba en el juicio.
El otro es el director del Departamento de Orden Público y Operaciones de Erzurum, el general Murat Yilmaz, a quien otro tribunal ha considerado culpable por usar la aplicación de mensajería encriptada ByLock, que, de acuerdo con las autoridades turcas, usan todos los 'gulenistas'.
En ambos casos, las autoridades judiciales se han negado a conceder reducciones de la pena por buen comportamiento, según informa el diario local 'Hurriyet'.
La noche del 15 de julio un grupo de militares rebeldes se echó a las calles de Ankara y Estambul para desafiar al Gobierno presidido por Recep Tayyip Erdogan. La revuelta fue sofocada pero más de 240 personas murieron y más de 2.000 resultaron heridas.
El Ejecutivo ha puesto en marcha una purga de 'gulenistas' con la que ha expulsado de las instituciones estatales a 120.000 trabajadores públicos --si bien algunos han sido readmitidos--, incluidos 22.000 militares.
Además, las autoridades turcas han detenido a miles de personas. Esta segunda fase de la ofensiva gubernamental se ha dirigido principalmente contra los medios de comunicación, aunque afecta también a políticos y ahora a empresarios.
Erdogan ha señalado a Gulen como autor intelectual de la asonada militar, algo que éste ha negado, sugiriendo un autogolpe. Turquía ha solicitado la extradición a Estados Unidos, donde vive desde hace años, pero el Departamento de Justicia aún no se ha pronunciado.