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El dimitido embajador ante la UE lamenta la "confusión" política sobre el 'Brexit'

El dimitido embajador de Reino Unido ante la UE, Sir Ivan Rogers, ha lamentado en su carta de despedida las "ideas confusas" que, en su opinión, han marcado durante estos meses el debate político en torno al 'Brexit'.
Rogers anunció el martes por sorpresa su salida, supuestamente tras unos meses de relaciones complicadas con Downing Street. "Espero que sigáis combatiendo los argumentos infundados y las ideas confusas y que nunca tengáis miedo de decir la verdad a los que están en el poder", ha escrito en una carta dirigida a su equipo y recogida por la BBC.
El embajador saliente no ha criticado expresamente al Gobierno de Theresa May y ha vinculado su salida --prevista en principio para finales de este año-- a motivos organizativos. En este sentido, ha asegurado que, ante la inminente invocación del artículo 50 del Tratado de Lisboa y en previsión de que el proceso dure "varios años", es mejor que se produzca ya el relevo.
"El Gobierno sólo logrará lo mejor para el país si aprovecha la experiencia que tenemos (...) y negocia de forma decidida", ha advertido Rogers, quien en otra parte del texto ha reconocido que no se sabe aún cuáles son los "objetivos de negociación" que marcarán el debate durante los próximos meses.
En este sentido, Rogers se ha referido a las futuras relaciones comerciales y ha insistido en que el "libre comercio" no llegará por sí solo, sino que "depende de los acuerdos multilaterales y bilaterales" que sea capaz de negociar del Gobierno de Reino Unido y de los "términos" que se contemplen en dichos textos.
CALENDARIO
Los gobiernos europeos han avisado a Londres de que no empezarán a negociar con Reino Unido las condiciones del 'Brexit' hasta que invoque el artículo 50 y han avisado de que deberá respetar todas las libertades de la UE, incluida la libre circulación de personas, si quiere seguir teniendo acceso al mercado europeo.
La Administración de Theresa May aún mantiene su intención de iniciar el proceso antes de que acabe marzo, aunque antes la Justicia debe dar su opinión al respecto. El Gobierno aspira a actuar por su cuenta, sin que sea necesario que el Parlamento dé 'luz verde' a un proceso que se atisba incierto en cuanto a resultados y duración.