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Dos iraquíes denuncian retención ilegal tras pasar más de doce horas en el JFK de Nueva York

Los abogados de dos iraquíes que trabajaban para el Ejército estadounidense han presentado una demanda contra el presidente estadounidense, Donald Trump, y contra el Gobierno por retención ilegal tras pasar más de doce horas en el Aeropuerto Internacional John Fitzerald Kennedy de Nueva York a raíz de la orden ejecutiva de Trump que prohíbe la entrada en el país a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, incluido Irak.
Los dos iraquíes llegaron el viernes a Nueva York, pero la moratoria incluida en el decreto de Trump supuso que se les negara la entrada, por lo que han presentado la demanda judicial porque sus abogados consideran que es ilegal retener a una persona que tiene un visado en regla, informa la CNN.
"La orden ejecutiva es ilegal tal como se aplica a los demandantes, ya que su detención continuada basada solo en la orden ejecutiva viola su derecho de procedimiento conforme a la Quinta Enmienda y su derecho al debido proceso", señalan los abogados en el pliego presentado ya ante un tribunal.
Los documentos recogidos en el tribunal recogen que los dos hombres pudieron entrar en Estados Unidos, pero fueron detenidos en cumplimento de la orden ejecutiva.
Uno de los dos hombres, Hamid Jalid Darwish, trabajó durante diez años como intérprete para Estados Unidos (2003-2013). Darwish ha sido puesto en libertad en la tarde del sábado, pero el segundo individuo, Haider Samir, seguiría detenido. Samir viajaba a Estados Unidos para reunirse con su esposa y su hijo, quienes ya tienen concedido el estatus de refugiado por su trabajo para el Ejército.
"América es la tierra de la libertad. América es la nación más grandiosa", ha afirmado Darwish en declaraciones a los periodistas desde el propio aeropuerto tras ser liberado.
Al ser interrogado por su opinión de Trump, Darwish no ha querido expresarse abiertamente. "Me gusta, pero no sé", ha afirmado. Luego ha relatado que le separaron de su familia el viernes en el aeropuerto.
Fuentes conocedoras del caso han explicado que la orden ejecutiva permite que los departamentos de Estado y Seguridad Nacional avalen el ingreso motivado de individuos concretos.