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El alcalde de Miami-Dade (Florida) acepta la política migratoria de Trump y ordena cumplir las leyes federales

El alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, ha aceptado este jueves la decisión en política migratoria de Donald Trump y ha ordenado que las prisiones del condado, ubicado en el estado de Florida, cumplan con los requisitos federales de detención, poniendo fin a la clasificación del condado como "santuario" para los inmigrantes.
En referencia a la orden ejecutiva firmada por el presidente este miércoles, en la que amenazaba con recortar la financiación federal a todas las denominadas "jurisdicciones santuario", los condados o ciudades que no cooperan con la Policía migratoria y, según Trump, "violan totalmente las leyes federales en un intento de proteger a los extranjeros de ser expulsados de Estados Unidos".
"Debido a las disposiciones de la orden ejecutiva, ordeno a usted y a su personal que cumplan con todas las solicitudes de detención de inmigrantes recibidas del Departamento de Seguridad Nacional", ha escrito el alcalde al director del Departamento de Prisiones del condado, Daniel Junior, tal y como recoge el diario local 'Miami Herald'.
Esta práctica ha sido llevada a cabo en el condado desde 2013, cuando Miami-Dade se negó a detener de forma indefinida a personas que se encuentren de forma ilegal en el país y a los que busca la Policía.
Tras dar a conocer su decisión, el presidente ha expresado su acuerdo con ella. "El alcalde de Miami-Dade acaba con la política de santuario (para los inmigrantes). Decisión correcta. ¡Fuerza!", ha escrito, a través de su cuenta oficial de la red social Twitter.
El objetivo de esta orden ejecutiva es "dirigir a los distintos departamentos y agencias para que apliquen plenamente todas las leyes migratorias de Estados Unidos", algo que el anterior Gobierno ha rehusado hacer, ha denunciado.
Trump ha ordenado que "todos los extranjeros que deban ser expulsados de Estados Unidos lo sean", señalando específicamente a quienes hayan cometido delitos, puesto en peligro el orden público o abusado del sistema legal estadounidense.