Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

La Justicia determina que la Inteligencia canadiense ha almacenado datos ilegalmente durante una década

Un tribunal federal ha determinado este jueves que el Servicio de Inteligencia y Seguridad de Canadá (CSIS, por sus siglas en inglés) ha almacenado datos de forma ilegal durante una década y ha amenazado con sanciones si vuelve a ocurrir.
El CSIS ha estado acumulando datos desde 2006 a través de un programa especial que es capaz de revelar detalles íntimos de las personas que el espionaje canadiense pone bajo su foco a partir de información obtenida de direcciones de correo electrónico y números de teléfono.
El juez Simon Noel ha declarado, en una sentencia de 126 páginas, que estos datos se retuvieron de forma ilegal porque no estaban relacionados con amenazas a la seguridad nacional y porque no se informó sobre ellos a los tribunales, a pesar de que se obtuvieron con órdenes judiciales.
"La evolución de la tecnología no es una excusa para reducir los parámetros legales", ha espetado Noel. "Cuando la información recabada no recae en los parámetros legales delimitados por las funciones y acciones del CSIS no puede retenerse legalmente", ha afirmado.
Noel ha aclarado además que, si bien ha considerado ordenar en este mismo fallo la destrucción de todos los datos almacenados en los últimos diez años, ha optado por no hacerlo porque no ha recibido peticiones concretas en este sentido.
El juez ha sugerido también que es una buena oportunidad para revisar la ley del CSIS, de 1984, porque ha quedado superada por los avances tecnológicos. "La Inteligencia canadiense debe contar con las herramientas adecuadas y el público debe conocer algunas", ha esgrimido.
Por su parte, el director del CSIS, Michel Coulombe, ha aceptado la resolución judicial y ha anunciado que emprenderá "acciones inmediatas" para cumplirla, según ha informado la cadena pública CBC.