Juncker ve "muy preocupante" que Rumanía despenalice delitos por corrupción

"La lucha contra la corrupción debe avanzarse, no desmontarse. Estamos siguiendo los últimos acontecimientos en Rumanía con gran preocupación", han avisado Juncker y el vicepresidente primero del Ejecutivo comunitario, Frans Timmermans, en un comunicado conjunto.

El Gobierno de Rumanía ha aprobado este martes una legislación que despenaliza algunos delitos por corrupción, medida que ya ha sido condenada por el presidente, Klaus Iohannis, y que ha provocado nuevas manifestaciones en la capital, Bucarest.

Las enmiendas, introducidas a través de un decreto de emergencia, despenalizan los casos de abuso de poder en los que se hayan provocado daños económicos inferiores a 200.000 lei (unos 44.385 euros) y reducen a la mitad las condenas a todos aquellos mayores de 60 años, enfermos terminales o con hijos a su cargo, independientemente de su edad.

Juncker y Timmermans han dejado claro a Bucarest que "la irreversibilidad del progreso logrado en la lucha contra la corrupción es esencial" para que la Comisión evalúe "en algún momento" si el mecanismo de vigilancia al que está sometido el país "podría ser terminado de forma gradual".

Ambos han recordado que el Ejecutivo comunitario admitió en su informe de evaluación publicado la semana pasada que Rumanía había hecho progresos a la hora de actuar contra casos de alta corrupción pero dejó caro que "cualquier paso que socavara este progreso o tengan el efecto de debilitar o reducir el alcance de la corrupción como una ofensa tendría consecuencias en cualquiera de sus evaluaciones futuras".

"La Comisión alerta en contra de cualquier retroceso y evaluará en profundidad el decreto de emergencia sobre el Código Penal y la Ley de Perdones bajo este prisma", han avanzado.

Rumanía y Bulgaria están sometidos a una vigilancia estrecha por parte de la Comisión Europea en el marco del Mecanismo de Cooperación y Verificación creado en 2007 para supervisar los progresos de ambos países en la independencia judicial y en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado ante la evidencia de que no cumplían los estándares cuando entraron en la UE.