Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

Imputan a Fernández de Kirchner por el caso que investigaba el fallecido Alberto Nisman

El fiscal federal Gerardo Pillicita ha imputado a la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, entre otros cargos públicos, por la denuncia presentada por el fallecido fiscal del caso AMIA, Alberto Nisman, por supuestamente encubrir a los sospechosos iraníes de llevar a cabo este atentado. El fiscal federal ya ha solicitado que se declare el secreto de sumario en la causa contra la presidenta.

Además de Fernández de Kirchner, han sido imputados el ministro de Exteriores, Héctor Timerman, el diputado oficialista Andrés Larroque, el líder sindical Luis D´Eñía y el dirigente de la coalición izquierdista Quebracho, Fernando Esteche.
Según la prensa argentina, Pillicita se ha basado en la denuncia de 300 páginas presentada por Nisman cuatro días antes de que fuera hallado muerto en su apartamento de Buenos Aires en un aparente suicidio que poco a poco han ido desmontando las pruebas periciales.
Nisman denunció “la existencia de un plan delictivo destinado a dota de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados de dicha causa (AMIA), para que se sustraigan de la acción de la justicia argentina”.
“La decisión deliberada de encubrir a los imputados de origen iraní fue tomada por la cabeza del Poder Ejecutivo, Cristina Fernández de Kirchner, e instrumentada principalmente por el ministro de Exteriores, Héctor Timerman”, sostuvo.
De acuerdo con Nisman, el Gobierno de Fernández de Kirchner habría negociado con la República Islámica un acuerdo por el cual se comprometía a diluir la acusación contra los sospechosos iraníes a cambio de un canje de petróleo persa por granos argentinos.
El supuesto plan de la Casa Rosada era acusar a células terroristas locales del atentado contra la AMIA para desviar las sospechas del exministro de Inteligencia Ali Fallahjan, el ex ministro de Defensa Ahmad Vahidi, el ex jefe de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai, el ex agregado cultural de la Embajada Mohsen Rabbani y el tercer secretario de la Embajada Ahmad Reza Asghari.
“Ningún valor judicial”
Ante los incesantes rumores que apuntaban a una inminente imputación de Fernández de Kirchner, el Gobierno ya se ha encargado estos días de restar importancia a esta acusación formal.
“La imputación no tiene ningún valor ni importancia en términos judiciales”, aseguró el secretario de la Presidencia, Aníbal Fernández, adelantando que se quedaría en un “estrépito” como “maniobra de desestabilización democrática”.
“No existe prueba alguna, ni siquiera de carácter indiciario, que demuestre la existencia de conductas atribuibles a la presidenta o a funcionarios del Gobierno que puedan encuadrarse en ilícitos penales”, dijo, por su parte, la secretaria del Tesoro Angelina Abbona.
El atentado contra la AMIA tuvo lugar el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires y se saldó con 85 muertos y 300 heridos, convirtiéndose así en el mayor ataque terrorista perpetrado hasta ahora en suelo argentino.
El fiscal pide el secreto de sumario
El fiscal federal Gerardo Pollicita ha solicitado que se declare el secreto de sumario en la causa contra la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por, supuestamente, encubrir a los sospechosos iraníes del atentado contra la AMIA.
Según han informado fuentes judiciales a la agencia de noticias DyN, Pollicita ha pedido al juez Daniel Rafecas que ordene el secreto de las actuaciones para no frustrar la investigación de la denuncia contra Fernández de Kirchner.
Además, Pollicita habría ordenado realizar decenas de diligencias probatorias. Al parecer, habría solicitado las 5.000 horas de grabación de escuchas telefónicas que estaban en poder del fallecido fiscal del caso AMIA, Alberto Nisman.