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HRW alerta del empeoramiento del estado de salud del destacado activista Nabil Rayab

La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) ha alertado este miércoles del empeoramiento del estado de salud del destacado activista Nabil Rayab, quien fue sometido recientemente a una operación por una úlcera sangrante.
"Rayab no debería estar en prisión, y el deterioro de su salud subraya la injusticia de que esté detenido de forma arbitraria", ha dicho el subdirector de HRW para Oriente Próximo, Joe Stork.
"Presentar cargos criminales contra Rayab por sus críticas pacíficas y negar a liberarle mientras los tribunales aplazan de forma displicentes las vistas (de su caso) muestran el desprecio de Bahréin por los Derechos Humanos más elementales", ha criticado.
Stork ha manifestado además que "el silencio de Londres y ahora de Washington bajo (la presidencia de Donald) Trump sobre la flagrante indiferencia de Bahréin hacia los Derechos Humanos es vergonzoso".
Rayab, uno de los activistas más conocidos en el mundo árabe, anunció en enero a través de un 'tuit' que había sido puesto en libertad tras una sesión y que volvería a los tribunales el 23 de enero de 2017, si bien fue detenido horas después.
Desde entonces han sido aplazados en varias ocasiones los procedimientos contra él por sus críticas al Gobierno del país y por varias entrevistas publicadas en medios de comunicación extranjeros.
El activista fue uno de los principales símbolos de la sublevación a favor de la democracia liderada por la mayoría chií del país en 2011 y, desde entonces, ha sido detenido en múltiples ocasiones.
Las autoridades del país niegan los abusos sistemáticos por parte de la Policía y alegan que se han instalado cámaras en los centros de interrogatorios para vigilar cualquier mala conducta del personal de seguridad.
LAS PROTESTAS PRODEMOCRÁTICAS
Bahréin, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente las protestas prodemocráticas registradas en su territorio desde 2011.
En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de 2011, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.
La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.
Desde el inicio de las manifestaciones, cientos de personas han sido condenadas a penas de cárcel por su presunta pertenencia a organizaciones terroristas, así como por participar en manifestaciones o disturbios.