El Gobierno de Bahréin defiende que los civiles sean juzgados por tribunales militares en casos de terrorismo

Al Jalifa ha recalcado que "se ha vuelto necesario desarrollar herramientas legislativas para contribuir a mantener la seguridad y la estabilidad", afirmando que "el país hace frente a una guerra contra los grupos terroristas y las milicias apoyadas por países y organizaciones (extranjeros)".

En este sentido, ha argumentado que "un juez militar está en posición de hacer frente a casos por terrorismo", resaltando que "estos casos deben ser tratados como un acto militar, y no civil".

Asimismo, ha dicho que estos tribunales "respetarán las garantías de procedimiento y seguirán el principio de litigio", según ha informado la agencia estatal bahreiní de noticias, BNA.

La votación en la Cámara Alta ha tenido lugar cerca de una semana y media de que la Cámara Baja aprobara las enmiendas. El proyecto de ley será enviado al rey, Hamad bin Isa al Jalifa, para su ratificación.

El Consejo de la Shura --la Cámara Alta-- está integrado por 40 miembros que son elegidos por el rey. Por su parte, el Consejo de Representantes --la Cámara Baja-- está integrado por otros 40 miembros, que son elegidos en comicios.

La Constitución del país limita la jurisdicción de los tribunales militares a los delitos o crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad, si bien el proyecto argumenta que "el incremento del terrorismo en la región" y la "flexibilidad" y "rapidez" de los juicios militares justifica la enmienda.

La última vez que tribunales militares juzgaron a civiles en el país fue tras las protestas prodemocráticas de 2011, cuando cerca de 300 personas fueron condenadas por crímenes políticos.

La decisión de la cámara alta del Parlamento tiene lugar en un momento en el que las autoridades del país han recrudecido su campaña de represión contra la oposición.

El Gobierno anunció en enero la restauración de la autoridad para llevar a cabo detenciones de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), dando marcha atrás en una de las recomendaciones de la Comisión de Investigación Independiente de Bahréin (BICI) que había aplicado tras las protestas prodemocráticas iniciadas en 2011.

La decisión anuló un decreto aprobado en 2011 que quitó estos poderes a la NSA tras una investigación sobre los abusos cometidos por el organismo contra manifestantes y detenidos.

A pesar de que el nuevo decreto sólo dio los poderes de detención en casos de terrorismo, las autoridades han usado esta legislación, de definición inexacta, contra activistas, periodistas y manifestantes, por lo que varias ONG ya han expresado su temor acerca de su posible uso.

La BICI, establecida para investigar las violaciones de Derechos Humanos entre febrero y junio de 2011, confirmó que durante ese periodo la NSA había torturado a manifestantes, lo que habría causado al menos una muerte.

Bahréin, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente las protestas prodemocráticas de 2011. En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de ese año, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.

La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.

Desde el inicio de las manifestaciones, cientos de personas han sido condenadas a penas de cárcel por su presunta pertenencia a organizaciones terroristas, así como por participar en manifestaciones o disturbios.