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Filipinas afirma que Duterte sólo recalcaba la soberanía del país cuando insultó a Obama

El secretario ejecutivo de Filipinas, Salvador Medialdea, ha afirmado este martes que el presidente, Rodrigo Duterte, sólo recalcaba la soberanía del país cuando insultó a su homólogo estadounidense, Barack Obama.
"El único mensaje de Duterte es que Filipinas tiene su propio territorio y que debemos poder hacer frente a los problemas a nuestra manera", ha dicho Medialdea, quien está al frente del Gobierno cuando el mandatario está en el extranjero.
"No tenemos un problema con Estados Unidos. Son nuestros aliados desde hace mucho tiempo", ha agregado, según ha informado la cadena de televisión filipina ABS-CBN.
Las palabras de Medialdea han llegado horas después de que Obama cancelara el encuentro que iba a mantener durante la jornada de este martes en Laos con su homólogo filipino después de que éste le insultara.
Duterte se refirió a Obama con un insulto que ha sido traducido del tagalo como "hijo de puta", en respuesta a las críticas estadounidenses a la 'guerra contra la droga' de su Gobierno, recalcando que Filipinas "ya no es un estado vasallo".
Tras ello, Obama afirmó que espera que ambos países mantengan sus estrechos lazos, si bien pidió a sus asesores que contactaran con las autoridades filipinas para ver si la fecha para el encuentro con Duterte era la correcta.
Finalmente, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Ned Price, señaló que "Obama no participará en un encuentro bilateral con el presidente de Filipinas".
Duterte ganó las elecciones en mayo tras prometer que acabaría con el crimen y el tráfico de drogas en el país. A pesar de que su campaña antidrogas ha contado con el apoyo popular, grupos de activistas han mostrado su preocupación por la situación.
De hecho, Duterte también ha llamado a los ciudadanos a sumarse a esta lucha contra la delincuencia: en la ciudad de Cebú --ubicada en las Bisayas centrales--, el presidente, antes de acceder formalmente al cargo, ofreció 5,5 millones de pesos (unos 100.000 euros) por cada narcotraficante muerto.
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) ha expresado su preocupación ante el creciente número de delincuentes abatidos, por lo que ha establecido un grupo de trabajo para evaluar las ejecuciones extrajudiciales.