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Dimite el jefe de la Agencia de Investigación Criminal de México por el 'caso Iguala'

El jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, ha presentado este miércoles su dimisión, en el marco de las denuncias sobre su papel en las investigaciones por su presunta ocultación de pruebas.
La Procuradora General de la República, Arely Gómez, ha aceptado la renuncia de Zerón, destacando sus esfuerzos al frente de la agencia, según ha informado el diario local 'La Jornada'.
La dimisión ha llegado apenas un día después de que las autoridades mexicanas extendieran a policías estatales y federales las investigaciones por la desaparición de 43 'normalistas' (estudiantes de magisterio) el 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala.
El fiscal especial para el caso, Alfredo Higuera, relató que este paso se debe a los hallazgos realizados al cruzar las llamadas telefónicas de policías, funcionarios y de los propios 'normalistas' la noche que desaparecieron, algo que no se hizo de forma exhaustiva durante la primera parte de las pesquisas.
Además, desveló que los investigadores tratan ahora de identificar a una persona que en los teléfonos móviles de los sospechosos aparece con el nombre de 'caminante', ya que recibió decenas de llamadas de unos 20 policías en las horas en las que se produjo la desaparición.
Durante el primer año las investigaciones se centraron exclusivamente en el papel de las policías municipales de Iguala y la vecina localidad de Cocula, que, de acuerdo con la versión oficial, habrían entregado a los 'normalistas' al grupo de sicarios Guerreros Unidos.
El grupo de expertos independientes designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para ayudar a las autoridades mexicanas en la investigación de este acaso advirtió en su informe de que la desaparición de los jóvenes formó parte de un plan en el que participaron policías municipales, estatales y federales.
La CIDH denunció importantes deficiencias en las pesquisas, apuntando incluso a la destrucción y manipulación de pruebas, y tumbó la versión oficial de que los 'normalistas' fueron incinerados en el basurero de Cocula.
Santiago Aguirre, abogado de las familias de los 'normalistas', reconoció que ha habido avances en las indagaciones, pero los familiares insistieron en que no retomarán el diálogo con las autoridades hasta que Zerón no fuera cesado.
CASO IGUALA
Los 'normalistas' llegaron a Iguala el 26 de septiembre de 2014 para recaudar fondos para viajar a la capital mexicana el 2 de octubre con el fin de participar en la conmemoración de otra matanza estudiantil, la de Tlatelolco.
Según la versión oficial, ese día la esposa del alcalde tenía previsto presentar un informe de su labor al frente del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia municipal y, ante el temor de que los estudiantes reventaran el acto, como ya había ocurrido en el pasado, el alcalde ordenó a la Policía actuar contra los 'normalistas'.
Policías de Iguala, apoyados por agentes de Cocula, interceptaron a los jóvenes a la entrada del municipio y abrieron fuego, matando a uno de ellos y dando lugar a un enfrentamiento que se saldó con seis muertos y 25 heridos.
Una vez controlada la situación, detuvieron a los 'normalistas' que no consiguieron huir, les condujeron en varios furgones policiales a los límites entre Iguala y Cocula y se los entregaron al grupo de sicarios de Guerreros Unidos.
A partir de ese momento se pierde el rastro de los 43 'normalistas'. Queda ahora el análisis de las cenizas, ya que el de los cadáveres de la treintena de fosas comunes halladas en Iguala y municipios cercanos ha revelado que no son los jóvenes.