AI y HRW reprochan al Gobierno indio que haya cortado el flujo de dinero extranjero a las ONG

El primer ministro indio, Narendra Modi, ha intensificado el control que mantiene sobre las ONG que reciben fondos extranjeros en los últimos meses. Una de sus medidas más drásticas fue aprobar el Acta de Regulación de Contribuciones Extranjeras (FCRA, por sus siglas en inglés), que permite supervisar y denegar licencias de financiación a todas las organizaciones sin ánimo de lucro que operan en el país.

"La decisión del Gobierno central de impedir que las ONG reciban fondos extranjeros sin ningún tipo de justificación resulta desconcertante. El Ministerio de Interior tiene la obligación de demostrar por qué son necesarias estas restricciones", ha señalado el director ejecutivo de AI en India, Aakar Patel.

Desde 2014 han sido suspendidas las licencias para recibir fondos extranjeros de más de 10.000 ONG y grupos de defensa de los derechos civiles en India. Al no contar con una licencia, las ONG se quedan sin fondos, ya que dependen mayoritariamente del capital y las donaciones procedentes del extranjero.

De acuerdo con el Gobierno, el motivo detrás de estas suspensiones es que las ONG habrían violado la FCRA, por no publicar supuestamente las donaciones recibidas o por haber utilizado capital extranjero para llevar a cabo actividades "antinacionales".

AI y HRW han elaborado un comunicado conjunto en el que denuncian los abusos que sufren las ONG en el país por parte del Gobierno. De acuerdo con los datos que han recabado ambas organizaciones, al Centro para la Promoción de las Preocupaciones Sociales, más conocido por su programa People's Watch, le fue denegada la renovación de su licencia el pasado octubre en base a "informes de agencias gubernamentales".

No es la primera vez que People's Watch ha sido blanco de las campañas de represión de Gobierno indio. En 2012 y 2013 las autoridades indias también suspendieron su licencia de financiación extranjera y congelaron sus cuentas bancarias. La ONG recurrió la medida ante el Tribunal Supremo de Nueva Dehli y ganó el caso.

El pasado julio, un grupo de enviados especiales de Naciones Unidas señaló que el Gobierno de India estaba utilizando su poder para acallar a sus críticos, en especial a los activistas y miembros de ONG con el uso de la FCRA. Denunciaron que los términos que utilizaba la ley para penalizar a las ONG eran "demasiado amplios" y permitían al Gobierno utilizarlos por motivos políticos.

No existen datos sobre el número exacto de ONG en India, pero el Gobierno estima que al menos dos millones de organizaciones sin ánimo de lucro operan en las distintas regiones del país. De acuerdo con un informe gubernamental de 2013, sólo están registradas alrededor de 45.000 y menos de la mitad han proporcionado detalles sobre la procedencia de sus donaciones.

El Ministerio del Interior, responsable de la FCRA, ha defendido su implantación diciendo que la ley asegura la transparencia de este tipo de organizaciones. La comunidad humanitaria internacional, por el contrario, acusa al Gobierno de India de utilizarla para sus propios intereses.

Desde AI y HRW han urgido al Gobierno de Modi a retirar la ley. "Mientras India está animando de forma activa la inversión extranjera en su industria, está intentando negar la financiación extranjera a las organizaciones que se encargan de ayudar a los más vulnerables y marginados", ha criticado el director de HRW en el Sureste Asiático, Meenakshi Ganguly.