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Los vigilantes con pistola de las sedes judiciales de Madrid llevan más de un año prestando servicio sin estar armados

Los vigilantes con pistola de las sedes judiciales llevan más de un año prestando su servicio sin estar armados, lo que supone un incumplimiento del contrato de seguridad adjudicado por la Comunidad de Madrid a la UTE Sasegur - Grupo On Seguridad para 2016, que fue prorrogado para este año.
Así lo ha denunciado el diputado del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, Diego Cruz, que ha solicitado la comparecencia ante la Comisión de Presidencia y Justicia y Portavocía del Gobierno del portavoz del Ejecutivo y consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido, al respecto.
Cruz ha llevado este tema a la Asamblea a raíz de denuncias de los trabajadores y después de que la Comunidad de Madrid tuviera conocimiento de esta situación a través de un sindicato, como ha adelantado la Cadena Ser.
La presencia de vigilantes con arma requiere autorización por parte de la Delegación del Gobierno, pero esta no ha sido tramitada. Según el pliego de condiciones técnicas, al que ha tenido acceso Europa Press, la empresa adjudicataria debe "encargarse de la tramitación de las notificaciones" y "de la legalización de los servicios ante las autoridades competentes".
El pliego añade que "para ello la Comunidad de Madrid facilitará carta de solicitud de los servicios armados incluidos en el contrato, para que la empresa adjudicataria realice la gestión de los mismos".
Desde la Comunidad han explicado a Europa Press que las primeras solicitudes las hizo la administración regional y la Delegación del Gobierno las rechazó, ya que las tiene que presentar la empresa.
El servicio de vigilancia con arma conlleva el pago de un plus de peligrosidad de 140,70 euros, mientras que el de los vigilantes no armados se sitúa en 18,40 euros.
En consecuencia, el servicio de vigilantes con arma es más caro, por lo que el pasado 19 de mayo la Dirección General de Justicia inició un procedimiento para reclamar las cantidades abonadas a la empresa que presta el servicio en concepto de servicio armado, ya que éste no se ha prestado, según ha informado la Consejería.
En total, las cantidades percibidas por la empresa por este servicio no prestado ascienden a 224.315 euros, de abril de 2016 a enero de 2017.
La empresa ha aceptado la devolución de estas cantidades en periodo voluntario, solicitando el fraccionamiento del pago, que se hará efectivo entre agosto y diciembre de este año, y ha tramitado la autorización ante la Delegación del Gobierno, que todavía no ha respondido.
Por su parte, Cruz ha acusado a la Comunidad de "negligencia" por pagar a una empresa por un servicio que no ha prestado, y ha avanzado que preguntará al consejero si es suficiente que la empresa devuelva lo que ha cobrado de más y si ha habido detrimento en la seguridad de esos puestos de vigilancia y, de lo contrario, por qué se contratan vigilantes armados.